MURCIA.- El abogado del Estado que se pronunció en febrero pasado ante el Tribunal Supremo (TS) a favor del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TJSM) que dejó sin efecto los planes urbanísticos de Lorca y Águilas, lo que impide construir la macrourbanización Marina de Cope en terrenos propiedad de Iberdrola Inmobiliaria, fue consejero de Iberdrola Generación entre 2010 y 2014 con cargos relevantes en el máximo órgano de dirección en esa empresa, integrada al igual que Iberdrola Inmobiliaria en el grupo energético Iberdrola, según revela hoy www.eldiario.es
Manuel
María Zorrilla Suárez, abogado del Estado desde 1985 y profesor
honorífico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre otros
cargos de su extenso currículo de prestigioso jurista, actuó durante el
año pasado como letrado encargado de estudiar el recurso de casación
interpuesto por una de las empresas del grupo Iberdrola ––Iberdrola
Inmobiliaria–– y la Asociación Colaboradora de Propietarios (ACP) contra
la sentencia del TSJ de Murcia de 2016 que anuló esos dos planes
generales de ordenación (PGOU) que desprotegieron más de 20 millones de
metros cuadrados en 2001 para que se construyera la macrourbanización
Marina de Cope, con unas nueve mil viviendas, marina interior, campos de
golf, entre otros, en terrenos de los municipios costeros murcianos de
Lorca y Águilas.
El TSJM estimó como válidos los argumentos de Asociación
Pro-Litoral, ANSE y Ecologistas en Acción contra ese ordenamiento
urbanístico puesto que la amplia franja de Marina de Cope, costera del
Mediterráneo en el sur de la Región de Murcia, estaba integrada en el
Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.
En
octubre del año 2016 quedó establecida la imposibilidad de urbanizar en
esa zona litoral protegida mediante una sentencia del TSJM derogatoria
de los planes. Sin embargo, Iberdrola (bajo el paraguas de Urbanizadora
Marina de Cope S.L. en Liquidación) y la ACP interpusieron un primer
recurso de casación 15/09/2017 contra dicha sentencia para revertir sus
efectos y seguir adelante con sus proyectos urbanísticos que, durante
varios lustros, habían formado parte de los desarrollos turísticos
estratégicos auspiciados por los gobiernos del expresidente murciano
Ramón Luis Valcárcel (PP). Un recurso se admitió a trámite en noviembre
de 2019.
Además de la macrourbanización en el Parque
Regional de Cope, el ejecutivo de Valcárcel auspició legal y
propagandísticamente otros proyectos urbanísticos como La Zerrichera
(Águilas), Novo Carthago (junto al Mar Menor). Ambos fueron invalidados
en los tribunales por asuntos relacionados con la corrupción
urbanística.
En febrero pasado, el recurso de casación
promovido por Iberdrola Inmobiliaria y ACP encontró eco favorable en la
actuación del abogado del Estado Manuel María Zorrilla Suárez, que
apoyó los argumentos de los promotores de la macrourbanización Marina de
Cope ––ante la sección 5 de la sala tercera de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo–– en el sentido de que el Parque
Regional de Cope, cuya figura legal daba protección a los terrenos, "no
tiene validez jurídica" puesto que, desde que se declaró como tal en
1992 por el gobierno entonces socialista murciano, no han sido
desarrollados los instrumentos legales para articular la protección: el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Esos
instrumentos fueron elaborados y se terminaron a principios de 1995,
pero el Partido Popular ganó las elecciones regionales en mayo de ese
año y no se avanzó desde entonces hasta ahora en su aprobación.
Consecuentemente, el abogado del Estado pedía la devolución del asunto
al TSJM para que dicte nueva sentencia sobre la anulación de los PGOU de
Lorca y Águilas, invalidez que tenía como efecto impedir la
urbanización turística de nueve millones de metros cuadrados integrados
en el Parque Regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre.
Sin
embargo, una fuente jurídica consultada estima que el abogado del
Estado Zorrilla Suárez debía haber tramitado un procedimiento ante la
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, antes de alegar en el
recurso de casación interpuesto por Iberdrola Inmobiliaria y la
Asociación Colaborativa de Propietarios de Marina de Cope (ACP) contra
la sentencia del TSJ de Murcia que revirtió la desprotección ambiental
de los terrenos necesarios para construir el macroproyecto urbanístico
en esa zona litoral aguileña y lorquina. En función de esa tramitación,
hubiera sido autorizado o no a actuar.
Es decir, el
abogado del Estado tenía que solicitar permiso previo para intervenir en
ese asunto, puesto que fue miembro del órgano de dirección máxima de
Iberdrola Generación España S.A.U., compañía del Grupo Iberdrola S.A.,
en el también está integrada Iberdrola Inmobiliaria S.A.U., promotora de
la urbanización, para evitar incurrir en una “contraposición de
intereses” o conflicto de intereses, delimitada en el artículo 10.2ªb
del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
Pero
otra fuente jurídica estima, por su parte, que no debería haber habido
lugar a esa petición de autorización, sino que el abogado del Estado
actuante en este caso debía haberse inhibido o abstenido, dado su
pertenencia anterior durante cuatro años al consejo de administración de
una empresa del grupo Iberdrola.
Este medio preguntó
el martes 31 de marzo por la mañana, por escrito, al gabinete de
comunicación del Ministerio de Justicia si el abogado del Estado
Zorrilla Suárez había iniciado el procedimiento citado ante el Servicio
Jurídico del Estado con anterioridad a su intervención en el caso Marina
de Cope y en qué fecha, si la hubiera, se habría hecho tal cosa.
El
viernes tres de abril por la noche no había habido respuesta a pesar de
la insistencia, el jueves, de este medio para obtenerla.
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