MADRID.- El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, se ha reunido este lunes 3
de febrero con distintas organizaciones de infancia y entidades del
Tercer Sector, en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid, en el
marco de su visita a España para investigar sobre pobreza. Estas
organizaciones han pedido ante el Relator medidas para combatir la
pobreza en España.
La Plataforma de Infancia ha expuesto ante el Relator que en España
la pobreza infantil "afecta diariamente al desarrollo, derechos y
oportunidades de 2,2 millones de niños y niñas, y que condiciona su
futuro, ya que el 80% de ellos vivirán en la pobreza cuando crezca".
"La pobreza infantil en España es estructural. Además, en España
tener hijos continúa siendo un factor determinante de vulnerabilidad
hacia la pobreza y la infancia es uno de los grupos sociales más pobres
en España", ha explicado
Las organizaciones de infancia han señalado que los sistemas de
protección social, y más específicamente las prestaciones monetarias
tienen enorme impacto en la reducción de la pobreza.
"Desde hace años, venimos pidiendo que la protección de la infancia
frente a la pobreza sea mucho más amplia y económicamente más sólida. La
prestación por hijo a cargo y la inversión en educación 0-3, deben ser
compromisos fundamentales", ha precisado la responsable de Incidencia
Política y Estudios de UNICEF, Cristina Junquera.
Asimismo, las organizaciones han puesto de manifiesto que las
familias en riesgo de pobreza o exclusión social se enfrentan a tener
que elegir entre pagar gastos básicos, calentar sus hogares o
proporcionar una alimentación adecuada, ropa o material escolar a sus
hijos e hijas.
"Entre las consecuencias que tienen los problemas de vivienda y la
pobreza energética en los niños figuran mayor incidencia de
enfermedades, el aumento del absentismo escolar y un menor rendimiento
académico", ha explicado la técnica en el departamento de Estudios e
Innovación de Cruz Roja, Susana Gende.
Además, las ONG han avisado de que los niños y niñas más pobres
tienen cuatro veces más probabilidad de repetir curso que los más ricos.
"Las trayectorias educativas de niños y niñas --repetición, fracaso y
abandono escolar temprano-- están fuertemente ligadas al nivel
socioeconómico y cultural de sus familias", ha añadido la directora de
Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España,
Catalina Perazzo.
Precisamente, sobre el sistema educativo, la directora de Educo,
Macarena Céspedes, ha apuntado que "España no invierte lo suficiente en
becas y ayudas al estudio, así que la calidad educativa de la infancia
depende de las posibilidades de las familias".
Por su parte, Ana Segovia, del área de comunicación de la Fundación
Secretariado Gitano ha alertado de que un 89% de los niños gitanos están
en situación de pobreza y esta "se perpetúa en la medida en que el
sistema educativo no está dando una respuesta adaptada a los niveles de
fracaso escolar ni a la segregación".
Además, Lourdes Reyzábal, de Fundación Raíces, ha puesto de relieve
que los niños y niñas migrantes no acompañados son otro colectivo
vulnerable a la pobreza por "la falta de garantías en la identificación,
la negación de su condición de infancia y las políticas de
extranjería", sufriendo el "riesgo de convertirse en víctimas de trata,
trabajo forzoso, tráfico de personas, redes criminales, explotación y
abuso sexual".
Según indican las organizaciones, el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston,
ha señalado que ha visto muchas de las situaciones que relatan las
organizaciones de infancia durante su visita al país.
Por otro lado, el Relator también se ha reunido con más de 40
entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector, que
le han reclamado la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas
para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España
derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año
2008.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha
manifestado que España tiene un problema de pobreza estructural y
multidimensional que tiene que solucionarse de manera "inmediata" a
través de políticas sociales que actúen de manera transversal en todos
los ámbitos de la sociedad: vivienda, infancia, juventud, empleo,
etcétera, "recuperando los presupuestos económicos y garantizando los
derechos humanos porque éstos no pueden esperar más".
En el acto han estado representadas entidades y movimientos sociales
que trabajan en el ámbito de la discapacidad, mujer, juventud,
cooperación al desarrollo, mayores, adicciones, inmigración,
sinhogarismo, voluntariado y también organizaciones que defienden los
derechos de los colectivos LGTBi y de los habitantes en entornos
rurales.
Todas ellas han coincidido en que, a pesar de que el Producto
Interior Bruto (PIB) ha crecido, las políticas sociales "no han
mejorado", al igual que "tampoco lo han hecho las tasas de pobreza y
exclusión social".
En concreto, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la
Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha
participado en esta reunión, junto a organizaciones de la discapacidad
como COCEMFE, CNSE, ONCE y Plena Inclusión.
En su intervención, Martín Blanco ha resaltado que el 16% de las
personas con discapacidad se encuentran en una situación de exclusión
severa, tasa que casi duplica a la de las personas sin discapacidad.
Como ejemplo, ha denunciado que casi cuatro de cada diez personas con
discapacidad están excluidas de los servicios de salud, que el 17% de
las personas con discapacidad no pueden comprar medicamentos o que el
15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por
personas sin empleo.
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