MADRID.- Los agricultores españoles llevan semanas protestando por los bajos precios que se pagan en el campo, un fenómeno que se repite en otros países y frente al que los gobiernos tienen cierto margen de actuación sin violar normas de competencia.
Bajo
el lema "Agricultores al límite", las organizaciones agrarias se están
movilizando para reclamar más ayudas y mostrar su rechazo a las ventas
por debajo de los costes de producción, entre otros problemas que llevan
tiempo denunciando.
Esa situación no es exclusiva del
campo español y se produce en un contexto mundial marcado por la caída
progresiva de los precios agrícolas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
calculan que entre 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán
entre el 1 y el 2 % anual.
Esto se debe sobre todo a que la mejora
de la productividad supera a la mayor demanda mundial de alimentos,
indica el jefe de Políticas Agrícolas de la OCDE, Jonathan Brooks.
"Aquellos
agricultores que ganen en productividad no tendrán problema, pero los
que continúen usando métodos tradicionales pueden quedarse atrás y
tendrán que ajustarse de alguna forma", afirma.
Brooks llama a
invertir en mejorar la productividad agrícola y la resiliencia, al
tiempo que desaconseja "intervenir directamente en los precios" porque
"no es eficiente" para incrementar la renta de los agricultores.
En
su opinión, "hay mucha flexibilidad para que los países adopten
políticas que ayuden al desarrollo agrícola de forma constructiva y
apoyen a los productores sin violar las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)".
En
el marco de la OMC, los subsidios se dividen en tres "cajas": roja para
los que "distorsionan" el comercio, sujetos a condiciones; azul para
los ligados a la reducción de la producción; y verde para los que se
toleran por su impacto nulo (desarrollo regional, protección ambiental,
investigación y desarrollo).
Los países de la UE deberán cerrar
próximamente el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el
periodo 2021-2027, que facilita la ayuda genérica a las rentas e incluye
objetivos de sostenibilidad.
Pese a la amenaza de recortes,
España aspira a que se mantengan los fondos, como ha explicado el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que también
ha prometido cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria para apoyar a
los agricultores, que han visto caer la renta agraria el 8,6 % anual en
2019.
Vigilar las prácticas desleales, lograr un mercado más
transparente o asegurar el cumplimiento de los contratos son algunos
puntos que se podrían reforzar.
El experto de la Universidad
Politécnica de Valencia José María García Álvarez-Coque insta a agrupar a
los productores "en grandes organizaciones capaces de incorporar valor
añadido en las fases de comercialización y negociar las condiciones
contractuales con la gran distribución", aunque para eso quede "mucho
trecho por recorrer".
Según
el economista agrario Tomás García-Azcárate, en el fondo subyace la
"tensa" relación entre las políticas europeas de competencia y de
agricultura.
Por un lado, sostiene, "se pretende vertebrar la
cadena alimentaria y llegar a acuerdos para crear valor y distribuirlo";
y, por el otro, "que haya la máxima competencia para asegurar que los
precios al consumidor son razonables".
García-Azcárate subraya que
se pueden tomar medidas en el ámbito de la competencia sin coste
presupuestario y que no aparezcan como subvención en ninguna de las
cajas de la OMC.
Asegura que "Francia ha ido más lejos que España
inclinando la balanza del lado de la agricultura" y pone de ejemplo la
multa millonaria que ese país acaba de imponer a varias cadenas de
supermercados por no respetar las reglas en las negociaciones con los
proveedores.
Allí los agricultores llevan tiempo manifestándose
contra el abandono que dicen sufrir, mientras que en Alemania las
protestas están más relacionadas con los esfuerzos medioambientales que
les exigen las autoridades.
"Le pedimos al campo más esfuerzos en
un momento en el que estamos disminuyendo el presupuesto europeo para
financiar la transición ecológica", apunta el experto.
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