MADRID.- Interinos de todo el país se han manifestado hoy en la capital de España para denunciar el "abuso de
temporalidad" en el sector público y reclamar que las Administraciones
conviertan en fijos a los empleados de larga duración.
"Es la única
sanción posible", han zanjado los convocantes a la espera de una
sentencia de la justicia europea que decida sobre su situación. Tras la
pancarta principal que pedía "fijeza ya", más de 75 colectivos y miles
de trabajadores han marchado al grito de "los servicios públicos se
defienden".
Las miles de personas –12.000, según los organizadores– que han marchado
durante tres horas por el centro de la capital, desde el Palacio de
Cibeles hasta la Puerta del Sol, se han manifestado para exigir el
cumplimiento de la directiva europea 1999/70
sobre el trabajo de duración determinada.
"Si bien España traspuso esta
directiva al sector privado, no lo hizo en el sector público", señalan
los organizadores.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron en 2017 un pacto con el
entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) para reducir la
temporalidad en la Administración al 8% en tres años. Ese objetivo
apenas se ha cumplido.
La proporción de trabajadores temporales en el
sector público ha crecido hasta llegar a máximos. Uno de cada cuatro
empleados del Estado tenían un contrato temporal en el último trimestre
de 2019, según los datos de la Encuesta de Población Activa.
Pero es difícil calcular cuántos de esos trabajadores
temporales afrontan una situación de "abuso" porque las condiciones son
diversas: algunos afrontan durante más tiempo del establecido una
relación temporal, otros ejercen funciones estructurales que no les
corresponden y también hay quienes están contratados con una causa
temporal que no es real.
La organización que ha
convocado la marcha ha asegurado en un comunicado leído durante la
manifestación que "cientos de miles de personas" de las administraciones
locales, autonómicas y nacionales aún están afectadas por esos abusos.
Son, según ellos, 800.000.
Para el colectivo, la
"única sanción posible" a la Administración por el "abuso de
temporalidad" es convertir en fija la relación laboral de los
trabajadores afectados con el Estado, sin pasar por una oposición u otro
concurso público.
"No existe otra sanción efectiva y disuasoria en el
ordenamiento jurídico español", han zanjado en un comunicado. Sindicatos
como CCOO o UGT, que no han participado en la protesta, defienden, en
cambio, que los aspirantes a una plaza fija en la Administración deben pasar por una oposición en igualdad de condiciones.
El colectivo ha marchado este sábado a la espera que la justicia europea
resuelva si cinco empleados públicos de Madrid, que denunciaron a la
Administración tras más de diez años con contratos temporales, deben ser
convertidos en fijos.
La abogada general de la UE Juliane Kokott ya
respaldó que no haya conversión automática, aunque avaló algún tipo de
indemnización tras analizar los casos de esos trabajadores. Su postura,
que no es vinculante, será tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE), que emitirá una sentencia el próximo 19 de
marzo en respuesta a las preguntas de dos tribunales españoles.
La situación que esos trabajadores del Servicio Madrileño de Salud
denunciaron ante tribunales españoles y ha llegado al TJUE es la de
otros empleados que han recorrido Madrid este sábado con carteles en el
pecho y la espalda que exponían los años que llevaban trabajando como
temporales: 12, 17, 19, 24, 32, hasta 38.
Esperan con esperanza al TJUE
Los trabajadores interinos del sector publico se han manifestado para protestar contra la precariedad, el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad.
Trabajadores del sector público procedentes de toda España, que en ocasiones encadenan 300 contratos en un año, han recorrido la Gran Vía madrileña al grito de “¡Fijeza Ya!”, para denunciar el despido colectivo “libre y gratuito” de los trabajadores temporales de las administraciones públicas, como ha señalado una portavoz del Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad.
También han cargado contra la ausencia de inspecciones para detectar el fraude, la ilegalidad y el abuso, así como por la falta de una norma nacional eficaz que prevenga el abuso de la temporalidad, sancione al empleador público y elimine las consecuencias en el trabajador con su estabilización o compensación.
La misma portavoz ha explicado que esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe dictar sentencia el próximo 19 de marzo, avale la reivindicaciones de este colectivo, unas 800.000 personas en toda España, equivalente a un 30 % de los empleados públicos.
La cifra no concuerda con los datos facilitados esta semana por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que asegura que de los 2,6 millones de empleados del sector público sólo un 21,6 % corresponde a interinos, personal eventual y otros; un 56 % es personal funcionario de carrera, y el 22,4 % restante es personal laboral.
Los interinos confían en lo que determine el próximo 19 de marzo el TJUE, si bien la Abogada General de la UE que elaboró un primer dictamen que consideraba ajustado a derecho europeo que el uso abusivo de sucesivos contratos temporales por parte de las administraciones públicas españolas no se sancione automáticamente con la transformación del contrato temporal en uno fijo
El informe de Juliane Kokott, que no es vinculante, abría la puerta, no obstante, a que se puedan considerar indemnizaciones por los perjuicios causados por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio.
La letrada abogaba por sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad, no solo manteniendo la plaza hasta que se cubra definitivamente con un proceso selectivo -como establece la jurisprudencia española-, sino también estableciendo indemnizaciones para el trabajador afectado lo suficientemente altas como para disuadir al empleador.
Esperan con esperanza al TJUE
Los trabajadores interinos del sector publico se han manifestado para protestar contra la precariedad, el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad.
Trabajadores del sector público procedentes de toda España, que en ocasiones encadenan 300 contratos en un año, han recorrido la Gran Vía madrileña al grito de “¡Fijeza Ya!”, para denunciar el despido colectivo “libre y gratuito” de los trabajadores temporales de las administraciones públicas, como ha señalado una portavoz del Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad.
También han cargado contra la ausencia de inspecciones para detectar el fraude, la ilegalidad y el abuso, así como por la falta de una norma nacional eficaz que prevenga el abuso de la temporalidad, sancione al empleador público y elimine las consecuencias en el trabajador con su estabilización o compensación.
La misma portavoz ha explicado que esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe dictar sentencia el próximo 19 de marzo, avale la reivindicaciones de este colectivo, unas 800.000 personas en toda España, equivalente a un 30 % de los empleados públicos.
La cifra no concuerda con los datos facilitados esta semana por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que asegura que de los 2,6 millones de empleados del sector público sólo un 21,6 % corresponde a interinos, personal eventual y otros; un 56 % es personal funcionario de carrera, y el 22,4 % restante es personal laboral.
Los interinos confían en lo que determine el próximo 19 de marzo el TJUE, si bien la Abogada General de la UE que elaboró un primer dictamen que consideraba ajustado a derecho europeo que el uso abusivo de sucesivos contratos temporales por parte de las administraciones públicas españolas no se sancione automáticamente con la transformación del contrato temporal en uno fijo
El informe de Juliane Kokott, que no es vinculante, abría la puerta, no obstante, a que se puedan considerar indemnizaciones por los perjuicios causados por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio.
La letrada abogaba por sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad, no solo manteniendo la plaza hasta que se cubra definitivamente con un proceso selectivo -como establece la jurisprudencia española-, sino también estableciendo indemnizaciones para el trabajador afectado lo suficientemente altas como para disuadir al empleador.
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