ALICANTE.-
Para el catedrático de Historia e Instituciones económicas y director
del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad
de Alicante (UA), Joaquín Melgarejo,
la decisión «discrecional» de la ministra socialista en funciones,
Teresa Ribera, de cerrar el grifo del trasvase para los regantes del
sureste español en noviembre y diciembre ha tenido unas consecuencias
desastrosas para la provincia que se pueden cifrar en 130 millones de
euros.
Discrecional o arbitraria
porque la comisión técnica avalaba la transferencia de 14 hectómetros
cúbicos (hm3) en el mes de noviembre y 19,6 en diciembre, tanto para
riego como para abastecimientos urbanos, pero la ministra sólo aprobó 7 y
7,5 hm3 respectivamente para consumo humano, obviando las necesidades
del regadío.
Así, Melgarejo sostiene
que a la pérdida directa de los 7
hm3 en noviembre y 12 en diciembre que pueden suponer 9 millones de
euros de pérdidas en producción directa, hay que sumarle los entre 40-50
millones de euros de pérdidas en las ventas del sector agrario
de la provincia durante dos meses (más otros intangibles como pérdidas
de mercados frente a sus competidores).
No sólo eso. También los 60-70 millones de euros de pérdidas indirectas para
el sector agroalimentario de la provincia que no podrá transformar el
valioso producto alicantino en conservas o preparados.
Eso,
en cuanto a las consecuencias económicas, porque las medioambientales
son también preocupantes. No en vano se consumen 4 kilowatios a la hora
(kw/h) para producir un metro cúbico (m3) de agua desalada
mientras que se consume sólo 1kw/h para traer 1 m3 agua desde el Tajo
al Segura.
Si se tiene en cuenta la emisión de CO2 de cada kilowatio que
se produce en las centrales eléctricas españolas, el resultado no tiene
nada de ecológico.
Y también socialmente ya que de agua del
trasvase viven entre 40-45.000 personas en la provincia (110.000 en las
tres provincias) y con dos meses sin agua se han podido perder 8.000 o
10.000 empleos «en una situación de partida en la que no se puede decir
que estamos muy sobrados», aseguró Melgarejo preguntado a este diario.
En este contexto los agricultores ya han anunciado dejarán de pagar el «tasazo»
que supone una tasa abonada tanto si hay como si no hay agua por el
acueducto. Otra cosa las compensaciones que se pagan a las comunidades
cedentes Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha que desde el año 1997 ya suponen 426 millones de euros que no se sabe muy bien a dónde han ido a parar
ya que muchas veces, en vez de derivarse a inversiones en la zona que
cede el agua, se integran en la caja única de cada administración
autonómica para tal vez pagar otros gastos que nada tienen que ver con
el agua, según El Mundo.
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