LIMA.- Si
bien el 2019 fue nombrado oficialmente en Perú como el año de la lucha
contra la corrupción, otra denominación que podría haberle calzado bien
es el de la formalización de su educación universitaria, que llevó al
cierre de 35 de esos centros de estudios y dejó a más de 166.000 alumnos
afectados.
A
lo largo de este año, la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu), que fue creada en 2015, aplicó un
filtro de condiciones básicas de calidad en cumplimiento de la nueva ley
universitaria que llevó a denegar la licencia al 24,1 % de esos centros
superiores.
La
medida buscó cumplir la misión de otorgar o denegar la licencia de
funcionamiento, en base al cumplimiento de Condiciones Básicas de
Calidad (CBC) a las universidades públicas y privadas en funcionamiento y
así corregir carencias que van desde la mala infraestructura, la escasa
investigación científica y la utilización de fondos para fines que no
conciernen a la actividad académica.
La
educación universitaria peruana arrastra estos problemas desde la
crisis económica de los años 80, que llevó a que el Estado desatendiera a
la educación pública, y que se agudizó en 1996, cuando durante el
Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se dio una ley de promoción de
la inversión en la educación que permitió la creación de universidades
privadas con fines de lucro.
Con
estos antecedentes, Perú se convirtió en el segundo país suramericano
con mayor número de universidades, solo por detrás de Brasil, ya que
llegó a tener un total de 145 de estas instituciones, entre públicas y
privadas.
Aunque
esto facilitó el acceso de miles de jóvenes a la educación superior, no
repercutió precisamente en una mejora en la calidad educativa ni en la
posición académica de esa instituciones en las calificaciones
internacionales.
La
primera fase de la reforma, que inició en octubre de 2018 con los
primeros cierres de universidades que no cumplían las Condiciones
Básicas de Calidad (CBC) establecidas por la Sunedu, continuó con mayor
impulso durante este 2019 y llevó, hasta ahora, a la denegación de
licencia a 34 centros privados y uno público.
Durante
el proceso, que se tiene previsto terminará en febrero de 2020, se
vieron afectados 166.156 estudiantes universitarios, que durante 2020
tendrán que buscar una solución a su futuro estudiantil.
Ya
que la ley otorga dos años para el cese total de las actividades de las
universidades con licencia denegada, que en ese plazo no pueden recibir
nuevos alumnos, el 40 % de los afectados, que cursan los dos últimos
años, tendrá la posibilidad de culminar sus estudios en esas mismas
instituciones.
El
otro 60 %, que está en los primeros años de estudios, deberá buscar un
traslado a una universidad licenciada, aunque también afrontará los
trámites de la convalidación de cursos y las mayores pensiones de las
universidades que sí obtuvieron licencia.
En
ese sentido, el jefe de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), Jorge Mori, señaló
que el Estado planea ofrecer becas para los alumnos afectados con
mejor rendimiento académico y de escasos recursos económicos.
Anunció,
además, que se dará una partida extra de dinero a las universidades
públicas para que puedan ampliar sus vacantes para recibir a estudiantes
provenientes de las instituciones que no han sido licenciadas.
Mori
aseguró que el resultado del accionar de la Sunedu "ha sido positivo"
hasta el momento y dijo que el segundo paso de la reforma universitaria
será la búsqueda de la excelencia académica.
"Se
está próximo a culminar la primera etapa de formalización de la oferta
universitaria, y con ello se pasará a la segunda etapa de la reforma,
que será el financiamiento de parte del Estado a la excelencia de las
universidades públicas", sostuvo.
El
funcionario insistió en que lo exigido en esta primera etapa de
licenciamiento "no tiene que ver con excelencia, sino con condiciones
básicas de calidad".
Ese es "un piso mínimo para que una universidad pueda funcionar", remarcó Mori.
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