MADRID.- El Ministerio de Fomento ha
encargado a FCC, Sacyr y API, a través de "contratos de emergencia", que
se encarguen del mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y
de la AP-4 Sevilla-Cádiz a
partir del próximo 1 de enero, fecha en que las vías concluyen su
contrato de concesión con Abertis, vuelven al Estado y eliminan el cobro
de peaje.
Fomento ha tenido que recurrir a encomiendas "de emergencia" ante el recurso que Abertis,
actual concesionaria de las vías y de su mantenimiento, ha interpuesto
contra el contrato que el Ministerio licitó en noviembre para buscar una
empresa que realizara la conservación de las autopistas a partir del
próximo año.
Así, ante la imposibilidad
de tener resuelto y adjudicado este contrato para Año Nuevo, el pasado 4
de diciembre Fomento resolvió encargarlo a través de contratos
declarados de "emergencia", según informaron fuentes
oficiales del Ministerio.
En concreto, se
encomendó a Sacyr el mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona
y Valencia, y a Matisa, filial de FCC, el correspondiente al trazado de
esta autopista entre Valencia y Alicante. De su lado, API Movilidad asumirá los trabajos de conservación de la AP-4 Sevilla Cádiz.
Los
contratos incluyen los trabajos de demolición de las playas y casetas
de peaje de las autopistas y su conservación en tanto se resuelve y
entra en vigor el contrato recurrido. Abertis ha recurrido el
procedimiento de contratación de las empresas que asumirán el
mantenimiento de las autopistas por el desacuerdo que mantiene con el
Ministerio sobre el número de trabajadores actualmente encargados de
estos trabajos que deben subrogarse en el nuevo contrato.
Según Abertis,
"existen ciertas discrepancias" entre el listado de trabajadores
susceptibles de subrrogarse propuesto por Fomento y el planteado por el
grupo controlado por Atlantia y ACS.
"La compañía mantiene su postura de
que todas las personas propuestas al Ministerio son subrogables y, por
ello, decidió impugnar los pliegos del contrato de mantenimiento", según
explicaron fuentes Abertis.
Ere para el resto de trabajadores
Este
grupo alcanzó recientemente un acuerdo con sus sindicatos para aplicar
un expediente de regulación de empleo (ERE) para 136 trabajadores de las
dos autopistas.
Se trata del personal encargado del cobro de los
peajes, alrededor del 45,3% de la plantilla total, toda vez que se
esperaba que los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura
se subrogaran en el nuevo contrato de conservación que firme Fomento.
El
Ministerio logró 'luz verde' del Consejo de Ministros en agosto para
sacar a concurso las labores de conservación de estas dos autopistas que
vuelven al Estado, un trabajo estimado en 153 millones de euros.
Se
trata de la segunda ocasión en que dos vías de pago revertirán al
Estado y dejarán de cobrar peaje por concluir su contrato de concesión,
después de que hace justo un año ya ocurriera en el caso de la AP-1
Burgos-Armiñón.
En ese caso, Fomento acordó con Itínere, la
concesionaria de la vía, que se siguiera encargando de su mantenimiento
hasta que se resolvió el nuevo contrato, dado que se licitó con una
ajustada antelación.
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