MADRID.- El Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de
las granjas porcinas intensivas está en proceso de tramitación y la
previsión es que entre en vigor en diciembre tras su aprobación por el Consejo de Ministros de la próxima semana. Y busca reducir el margen de interpretación de las normas desde una mayor claridad y simplificación administrativa para que su aplicación sea lo más homogénea posible en todas las CC AA con la ayuda de una Mesa de Coordinación para analizar entre todas las Administraciones públicas afectadas las diversas cuestiones de interpretación.
Los borradores han sido sometidos a exposición pública y una vez
presentadas todas las alegaciones habría comenzado el proceso de
tramitación, que también fue remitida a Europa.
Se trata de una normativa pactada que
pretende ir al mismo ritmo que el sector para aportar soluciones,
además, busca el equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones intensivas y
la conservación medioambiental, social y urbanística.
El Real Decreto recoge aspectos como el tamaño de las granjas, distancias entre ellas, infraestructuras, movimientos de animales, densidades ganaderas y registro de explotaciones.
El reto del porcino pasa así por mantener la calidad de los productos, pero
también por la modernización de unas explotaciones bien dimensionadas,
capaces de mantener los niveles de seguridad alimentaria, de sanidad,
sostenibilidad, medio ambiente y bienestar animal.
No obstante es el sector que menos apoyo tiene de la PAC y de las exigentes normas europeas a las que hace frente.
El primer reto de este Real Decreto es la sanidad animal y la
bioseguridad, sobre todo para establecer las medidas que impidan que
entre en España la peste porcina africana, que se está moviendo por el
norte de Europa, mientras que el segundo pilar es la sostenibilidad.
El porcino busca el equilibrio y que las granjas estén bien
dimensionadas, y es el único
sector que cuenta con este tipo de limitaciones.
España es además el único país europeo con
limitaciones legales en función de la competitividad porque el decreto del año 2000 ya regulaba el tamaño por lo que, el porcino se ha adelantado 19 años al debate de las
macrogranjas.
El proyecto busca actualizar y consolidar todas las modificaciones a lo largo de esos casi 20 años y habla de ordenación de granjas porcinas en lugar de explotaciones porcinas.
La gran novedad de este proyecto es que todas las granjas, incluidas la ya existentes, menos las de autoconsumo y reducidas, tendrán que contar, bajo la dirección de un veterinario, con un Sistema Integral de Gestión a partir del 1 de enero de 2022 y renovable en su contenido cada cinco años.
Ese sistema debe contar con los siguientes apartados:
1 Plan de Bioseguridad
2 Plan de Gestión Ambiental
3 Plan de Bienestar Animal
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