BARCELONA.- El
conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha
propuesto una alianza de comunidades autónomas contra el Real Decreto
aprobado el pasado viernes por el Gobierno para reformar la Ley General
de Telecomunicaciones de 2014.
Dicho
Decreto, que se ha publicado este martes en el BOE, fue presentado por
el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como una medida
para frenar la llamada "república digital" del Govern, obligando a todas
las administraciones españolas a operar desde servidores registrados en
la Unión Europea.
Puigneró
ha resaltado este martes en una conferencia de prensa el apartado del
texto que habilita al Gobierno a intervenir o tomar la gestión directa
de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas "en determinados
supuestos excepcionales que puedan comprometer el orden público, la
seguridad pública y la seguridad nacional".
Puigneró
ha cargado contra el contenido del texto, que ha definido como "el
proceso más grande de centralización desde la LOAPA", y contra el
Gobierno: "Quiere otorgarse el poder para intervenir internet sin orden
judicial, un hecho que les acerca más a China que a un país de la Unión
Europea", ha criticado.
En
este sentido, el conseller ha anunciado la puesta en marcha de una
"ofensiva judicial y política a todas las instancias para defender las
competencias de la Generalitat" y ha animado a formar un frente común de
autonomías ya que, según ha apuntado, el contenido del Decreto "afecta a
todas las comunidades autónomas".
De
hecho, el conseller ha comparado esta medida con la antigua Ley de
Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como la "Ley Corcuera o "Ley
de la patada en la puerta", aprobada por el PSOE en 1992: "Ahora nos
encontramos con la Ley Sánchez, que es la Ley de patada al servidor", ha
aseverado Puigneró.
La
Generalitat tiene pensado recurrir el Decreto del Gobierno a instancias
europeas porque "podría vulnerar las directivas de la UE en el ámbito
de los derechos digitales", y en España, presentar un recurso ante el
Tribunal Constitucional tras recibir las conclusiones del Consejo de
Garantías Estatutarias.
El
conseller de Políticas Digitales se ha mostrado sorprendido por el
hecho de que un Decreto de estas características lo haya aprobado "un
Gobierno en funciones con carácter de urgencia, en campaña electoral y
con una deslealtad institucional nunca vista".
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