SAO PAULO.- Residencias, oficinas e inmuebles de
más de medio centenar de fiscales sanitarios fueron allanados este
martes por la Policía Federal en nueve estados de Brasil luego de que
fueran denunciados por la gigante cárnica BRF, acusada de estar
vinculada con una mafia para eludir controles sanitarios de sus
productos.
La propia compañía, una de las mayores
exportadoras mundiales de carnes, dio a conocer voluntariamente los
nombres de 57 fiscales implicados, tras dos años de haberse conocido la
existencia de una mafia dedicada a adulterar la fiscalización de calidad
de sus productos, lo que acarreó millonarias pérdidas en las
exportaciones brasileñas y una crisis económica en la BRF.
En total, un total de 280 policías realizaron 68
allanamientos en 36 ciudades de los estados de Paraná, Sao Paulo, Santa
Catalina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Río Grande do Sul, Minas Gerais y
Río de Janeiro.
De acuerdo con la investigación de la
Policía Federal, fueron destinados aproximadamente 19 millones de
reales (unos 4,5 millones de dólares) para el pago de coimas por los
servicios prestados por los fiscales, los cuales se efectuaron en
especie con el cubrimiento de planes de salud, o mediante la realización
de contratos ficticios.
Sobornos directos a los
fiscales y nombramientos de familiares en la compañía cárnica también
hicieron parte de las dádivas otorgadas por la BRF para eludir los
controles sanitarios.
Las investigaciones señalaron
que estas prácticas ocurrieron hasta 2017, momento en el que pararon
luego de una reestructuración interna de la compañía BRF.
Las acciones adelantadas este martes forman parte de la operación
"Carne fraca" (cárne débil), con la que en marzo de 2017 autoridades
brasileñas desmontaron una organización criminal que salpicó a una
treintena de fiscales que flexibilizaban sus inspecciones a los gigantes
cárnicos BRF y JBS o no las hacían a cambio de sobornos.
La operación de entonces destapó una mafia integrada por fiscales del
propio Ministerio de Agricultura que igualmente adulteraba resultados de
inspecciones de alimentos.
Las investigaciones
iniciales señalaron que el fraude abarcaba desde cambiar la fecha de
vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la
carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para
enmascarar el deterioro de los productos.
Un año
después, en 2018, las autoridades encontraron que cinco laboratorios
privados acreditados por el ministerio de Agricultura también hacían
parte de esta mafia, ofreciendo resultados fraudulentos de los exámenes
de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.
Los fraudes tenían la complicidad de ejecutivos de BRF y empleados del
cuerpo técnico, y de profesionales responsables por el control de la
calidad de los productos de la empresa.
El objetivo
principal del fraude, según explicaron entonces las autoridades, era
esconder la presencia de resultados positivos para el grupo de bacterias
Salmonella en los alimentos inspeccionados.
El
escándalo de entonces llevó a países como China, Corea del Sur, Chile,
Hong Kong, Japón, Suiza, México, Sudáfrica y la Unión Europea (UE) a
anunciar restricciones temporales a las importaciones de carnes
brasileñas, que en su mayoría ya fueron levantadas, y provocó
millonarias pérdidas a importantes exportadoras brasileñas de alimentos.
BRF entró entonces en una profunda crisis económica con pérdidas que
llegaron a los 1.100 millones de reales en 2017 (hoy 268 millones de
dólares), y en 2018 el perjuicio ascendió a 4.400 millones de reales
(unos 1.073 millones de dólares).
En febrero de este
año el gigante cárnico vendió el 100 % de sus acciones en sociedades de
Europa y Tailandia al grupo Tyson International por 340 millones de
dólares.
El negocio se enmarcó en el programa de
venta de activos que la BRF ha impulsado desde mediados del año pasado
para superar la grave crisis económica que atraviesa.
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