MADRID.- El Gobierno calcula que el sector
agroalimentario español tendrá que desembolsar cerca de 200 millones de
euros al año en aranceles en su comercio con Estados Unidos si
finalmente entran en vigor las tasas anunciadas por la Administración
Trump a distintos alimentos y productos comunitarios.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis
Planas, ha precisado este martes -tras reunirse con el sector de la
producción y la industria alimentaria para abordar este asunto- que esta
cifra corresponde al 25 % de los 765 millones de euros de negocio que
cada año generan las ventas de los productos alimentarios españoles
afectados.
Ministro y sector han pedido a la Comisión Europea (CE)
que defienda sus intereses "firmemente" ante Estados Unidos, si
finalmente se aplican los aranceles.
Una posición que
Planas trasladará este miércoles a la comisaria europea de Comercio,
Cecilia Malmström, y al comisario de Agricultura, Phil Hogan, en la
reunión que mantendrán para analizar la situación.
El
objetivo, según ha avanzado el ministro, es conseguir un aplazamiento
de la entrada en vigor de las tasas o conseguir su cancelación.
Tanto el ministro como los representantes del sector agroalimentario
han concluido de forma "unánime" en calificar las medidas anunciadas
como "inaceptables", además de añadir que "no se justifican de modo
alguno, ni en el fondo ni en la forma".
Planas ha
insistido en que "no es bueno para nadie" entrar en una "guerra
comercial": Aunque "no lo queremos", los intereses "deben ser defendidos
firmemente" y eso requiere "consenso".
El sector del
aceite de oliva es uno de los que más preocupa, tanto por ser de los
más perjudicados por el anuncio estadounidense como por encontrarse en
una situación de bajos precios en origen.
Por ello,
le pedirá a Phil Hogan la activación del almacenamiento privado de
aceite, que es un mecanismo "excepcional" pero para el que considera que
se dan las condiciones para ello.
También le instará
a aplicar medidas de ayuda, similares a las implementadas en su día
para combatir el veto ruso a la entrada de alimentos comunitarios, y a
potenciar campañas de promoción de los productos más afectados.
Ha recordado los contactos que ha mantenido con otros Estados miembro
para recabar su apoyo y ha subrayado que la "sensibilidad" es "muy
fuerte", con posturas coincidentes, especialmente en el caso de Francia.
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