MADRID.- El ibuprofeno de 600 mg y paracetamol de 1 gr, la solución
para muchos a todas sus dolencias diarias, se complica un poco a partir
de ahora. Y es que el Gobierno quiere frenar la venta sin
control de este tipo de medicamentos, donde también entran otros tan
cotidianos como el omeprazol y algunos jarabes antihistamínicos.
La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de 2015
“obligaba” a los farmacéuticos a vender esos medicamentos con receta,
algo que hasta ahora no se ha cumplido en prácticamente ninguna farmacia
española y una costumbre con la que el Gobierno quiere terminar.
Esta normativa especificaba que los profesionales podrían dispensar
“con receta” estos medicamentos a todo aquel paciente que lo necesite.
Ahora, y con la entrada en vigor el pasado febrero del Sistema Español de Verificación del Medicamento (Sevem), el Ejecutivo pone fin a esta práctica, según informa El Confidencial.
La nueva regulación establece que los envases deberán incluir una
pegatina para evitar cualquier tipo de manipulación así como un código
QR que facilite su registro y control, algo que hará más fácil detectar
si una farmacia vende medicamentos de esta dosis sin receta. La nueva
regulación no contempla dosis más bajas de estos medicamentos (400 mg y
500/650 mg), que quedan exentas.
Los titulares de farmacias que se ‘salten’ el nuevo procedimiento pueden enfrentarse a multas de entre 3.000 y 6.000 euros
si reciben la visita de un inspector de Sanidad, algo que ha suscitado
las quejas de la mayoría de farmacéuticos españoles. Algunos han querido
aclarar que aunque hasta ahora había más “soltura” a la hora de
dispensar estas medicinas, “siempre se hace bajo el criterio del
profesional sanitario”.
Aunque también reconocen que el consumos es muy
habitual y que la población ha llegado a minimizar los efectos adversos
de este tipo de medicamentos, por lo que el colectivo aboga por
“concienciar a la gente de que hay alternativas que se venden sin
receta, son suficientemente eficaces para dolores leves y minimizan los
efectos adversos”.
En resumen, a partir de ahora los españoles tendrán que conformarse
con dosis más bajas o acudir al centro médico para obtener una dosis más
alta con la que tratar la dolencia. Una medida cuya efectividad ponen
en duda tanto farmacéuticos como pacientes.
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