MADRID.- El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que tendrá que abonar el Estado a los dueños de las concesionarias de las nueve autopistas quebradas por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción.
La cifra máxima por las obras
de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de
terrenos a 388 millones, según la resolución de Fomento que establece el
método para el cálculo de la RPA y que publica este viernes el Boletín
Oficial de Estado (BOE),
No obstante, habría que sumar a estas cantidades el coste
pendiente de amortizar las modificaciones y obras adicionales que se
acometieron en estas vías y que, según la resolución, queda pendiente de
determinar.
El Ejecutivo detalló en el plan
presupuestario para 2018 remitido en octubre de 2017 a Bruselas que el
gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000
millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las
autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.
La
estimación de RPA remitida a Bruselas se rebajó posteriormente a 1.800
millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos
4.500 millones, de los que 400 corresponderían a intereses de demora, y
la patronal de concesionarias y constructoras Seopan en 4.032 millones
(a fecha de diciembre de 2016).
Las autopistas que
quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la
R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5
(Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41
(Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.
Estas
vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las
concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera
de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y
mantenimiento.
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