LORCA.- El candidato de Cambiar la Región de Murcia a la presidencia de la Comunidad Autónoma y coordinador de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha instado hoy al Estado a que tome medidas ante la "dejación de funciones" del Gobierno murciano en laprotección del parque natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, situado entre los municipios de Lorca y Águilas.
El dirigente de IU-Verdes ha hecho estas manifestaciones en una rueda
de prensa junto a las concejalas de la formación en Águilas, Isabel
María Torrente, y Lorca, Gloria Martín, y el portavoz de IU-Verdes en
ese municipio, Pedro Sosa.
Álvarez-Castellanos ha urgido a esta intervención por la "grave
situación" en que se encuentra el parque, fruto de los "continuos
sabotajes, roturaciones y agresiones" que sufren sus valores
ambientales, al tiempo que ha denunciado que estos hechos queden
"impunes" por la "inacción" del Ejecutivo de Fernando López Miras.
"La política de protección de los espacios naturales por parte del
Gobierno regional roza la prevaricación ante la evidente dejación de
funciones que implica el hecho de que son 27 los años de retraso en la
aprobación de algunos planes de ordenación de los recursos naturales
(PORN) como es el caso de Cope-Calnegre", ha recalcado.
En este sentido, ha explicado que la legislaciónbásica estatal
contempla que la aprobación de los PORN debe ser previa a la declaración
de los espacios naturales y "que solo excepcionalmente se contempla su
aprobación posterior que, previene la Ley, debería producirse en el
improrrogable plazo de un año".
En el caso del parque costero "ha pasado ya casi una treintena",
además de cinco sentencias judiciales contra "las pretensiones del
Gobierno regional de desproteger este espacio natural" y "el cúmulo de
agresiones sin respuesta" por el estado de este espacio.
El cabeza de lista de Cambiar la Región de Murcia ha insistido además
en la necesidad de que el Ayuntamiento de Lorca modifique "cuanto
antes" su Plan General y lo adapte a las sentencias de los tribunales en
torno al espacio natural para "descartar de una vez la urbanización de
un tesoro natural".
Asimismo, ha reclamado que se implementen las reivindicaciones de los
colectivos ecologistas en el sentido de extender a todo el parque las
figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), y el régimen de protección de la
directiva europea Hábitat.
Por su parte, Isabel María Torrente ha detallado las circunstanciasque
han rodeado la última agresión contra el parque regional en las
proximidades de la torre de Cope, sobre la que alertó un grupo de
vecinos al percatarse de la roturación con maquinaria pesada y que
estáestaba destruyendo flora protegida y sobre terrenos en los que se
reproduceuna gran cantidad de tortugas moras, que es una especie
declarada"vulnerable" en la normativa murciana.
Ante la llamada, la concejala de IU se dirigió al SEPRONA y, por la
puntual falta de efectivos de ese servicio de la Guardia Civil, llamó a
la Policía Local de Águilas que finalmente paralizó una actuación en la
que se handescarnado 2.500 metros de terreno lleno de endemismos de
flora yfauna.
Torrente ha abundado en la desprotección que sufre el parque regional
y en el hecho de que "el PP no quiere gestionar sus competencias en
materia de protección deespacios naturales ya que tolera y normaliza
todas las agresiones y ataques a esteespacio litoral".
Por último, la concejala de IU-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha
añadido que este es el final de "una nueva legislatura perdida" para la
ordenación del territorio, especialmente en lo que tiene que ver con el
parque natural Cabo-Cope Calnegre.
"Una más, porque llevamos 27 años esperando, sufriendo un vacío
normativo legal, del que el Partido Popular es plenamente consciente y
responsable, y del que algunos se aprovechan para practicar la ley del
salvaje Oeste. Roturaciones ilegales, actos de sabotaje para impedir el
control de accesos para vehículos a motor en espacios de alto valor
ecológico, destrucción de los elementos que protegen la flora
amenazada", ha apuntado Martín.
La edil ha argumentado que "ni siquiera ha renunciado a su avaricia
especulativa que nos podría privar para siempre de un paisaje virgen, de
sus rarezas botánicas y de su fauna vulnerable, hoy desprotegidas. La
amenaza persiste, porque ni siquiera se ha disuelto el Consorcio de
Marina de Cope, que tiene entre sus objetivos el impulso, desarrollo,
gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional Marina de Cope, a
pesar de que ésta está anulada por sentencia judicial firme".
"Tampoco el Ayuntamiento de Lorca ha anulado la adaptación de su Plan
General de Ordenación Urbana para dar cabida a un proyecto tumbado por
la Justicia. Sobre los gobiernos autonómicos del PP pesa también la
vergüenza de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de
infracción sobre el Estado español por el retraso en la aprobación de
los planes de gestión de la Red Natura 2000, incluidos los de Cabo
Cope-Calnegre".
Esto, ha agregado, puede derivar en sanciones económicas y en la
reducción de ayudas por parte de los fondos europeos para la Región.
"El Partido Popular no puede seguir asumiendo ni un minuto más las
competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución sobre
espacios naturales protegidos y protección del Medio Ambiente que le
atribuye el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, en el marco de la legislación básica del Estado".
Y ha sostenido: "Como llevamos 27 años de desesperación para que el
Gobierno regional apruebe figura de los planes de ordenación de recursos
naturales, que está dentro de esa legislación básica del Estado,
creemos que ha llegado el momento de solicitar la intervención del
Estado".
"No hay demasiadas vías para hacerlo, ha dicho Martín. Una de ellas
es el artículo 155 de la Constitución Española, que dice que si una
comunidad autónoma no cumple con las obligaciones que la Carta Magna u
otras leyes le imponen, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente
de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones o para la protección del mencionado interés general", ha
concluido.
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