MADRID.- Izquierda Unida (IU) ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro
Sánchez renuncie a realizar un estudio oficial sobre la economía
sumergida al no considerarlo "una herramienta útil para luchar contra el
fraude".
El coordinador federal y portavoz de IU, Alberto Garzón,
registró una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno
le explicar por qué no existen en España estudios o informes oficiales
sobre la economía sumergida y para saber si tenía intención de promover
uno en este sentido.
En su respuesta, el Ejecutivo señala que
estos estudios "suelen elaborarse por organismos internacionales,
investigadores académicos o entidades privadas" y que "cuantificar la
economía sumergida no es fácil, por las dificultades para definir su
perímetro con exactitud y porque las actividades recogidas persiguen,
precisamente, escapar al control público".
"Todas las metodologías
muestran puntos débiles, ello invita a una necesaria prudencia a la
hora de elaborar informes oficiales sobre esta materia, siendo
probablemente éste uno de los principales motivos por el que la mayoría
de los Gobiernos nacionales no los realizan", apostilla el Ejecutivo,
que sostiene que "el conocimiento global, macroeconómico o estimativo de
la economía informal o sumergida, sin detalle sectorial, no sirve de
ayuda a la lucha contra el fraude".
Ante
esta respuesta, IU reconoce su "sorpresa" por los argumentos empleados,
pues en la formación señalan que sí se elaboran informes oficiales
sobre, por ejemplo, el narcotráfico internacional y nacional y la
incidencia que tienen en España.
Así, Garzón ha calificado como
"inaceptable" este tipo de explicaciones y ha reclamado la elaboración
periódica de un análisis y una evaluación oficial de la economía
sumergida en España y del fraude fiscal, desagregado territorialmente,
por sectores económicos y por tributos, y que podría ser presentado a
las Cortes Generales y a los parlamentos autonómicos para su debate y
discusión.
"De ahí podrían salir medidas correctoras para
conseguir objetivos anuales y plurianuales de reducción del fraude y la
economía sumergida", concluye el líder de IU, recordando que la
propuesta de la Plataforma por la Justicia Fiscal es que sea el
Instituto de Estudios Fiscales, organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Hacienda, el que realice este estudio.
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