MADRID.- Este martes 2 de abril se disolverán y
dejarán de tener actividad los 12 parlamentos autonómicos que celebran
elecciones el 26 de mayo, para los que empieza a correr el calendario
hacia los comicios en los que serán elegidos 712 diputados.
Se
trata de las asambleas parlamentarias de Asturias, Cantabria, Navarra,
La Rioja, Madrid, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias. Todas salvo la Comunidad
Valenciana, que ha adelantado las elecciones para hacerlas coincidir con
las generales del 28 de abril, y salvo las de Andalucía, Galicia, País
Vasco y Cataluña, con capacidad para tener calendario electoral propio.
Cada gobierno autonómico en cuestión aprueba su propio
decreto de disolución, pero todos ellos se publicarán este martes, 54
días antes de los comicios tal y como exige la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (LOREG). Y todos seguirán un calendario similar aunque
cada comunidad cuenta con su propia ley electoral.
Todas
salvo Cataluña cuentan con una norma de estas características. En ellas
se señala el número de escaños que tienen los parlamentos, qué
condiciones deben cumplir los candidatos o el porcentaje de votos que se
necesita para ser diputado, entre otras características.
Junto
a las CCAA, el próximo 26 de mayo celebran también elecciones las dos
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya organización institucional y
política está a medio camino entre la de las comunidades y los
ayuntamientos, entre el parlamento y el pleno municipal. Tienen 25
diputados en sus respectivas asambleas y sus presidentes son los de la
ciudad, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente.
Los
futuros parlamentarios autonómicos volverán a estar mayoritariamente
aforados, es decir, que si tienen un problema judicial su caso lo
revisará el Tribunal Superior correspondiente. Todos salvo los canarios,
que lograron que se aprobara a tiempo la reforma del Estatuto de
Autonomía de las islas para eliminar esta figura.
Han
sido los únicos en conseguirlo aunque otros parlamentos autonómicos lo
han intentado en los dos últimos años. De hecho, el adelanto de las
elecciones generales a este mes de abril ha dejado congeladas en el
Congreso tres reformas estatutarias para eliminar los aforamientos, las
de Murcia, Cantabria y Baleares. No han podido ser aprobadas a tiempo y
las tendrán que retomar las próximas Cortes Generales.
Canarias
tiene la novedad de que sus nuevos diputados no están ya aforados, pero
también estrena número de escaños: la reforma estatutaria y de la
legislación electoral va a ampliar el Parlamento autonómico hasta los 70
diputados.
Se situará así en un término medio entre
los legislativos más grandes y los más pequeños. El mayor de todos es el
Parlamento Catalán (135 diputados), pero no celebra elecciones, así que
de los que se renuevan en mayo el más grande es la Asamblea de Madrid,
la segunda del país en tamaño, con 129 asientos.
En el
otro extremo se sitúan La Rioja y Castilla-La Mancha, con 33 cada uno, y
Cantabria, con 35. Y entre unos y otros están Castilla y León (81),
Aragón (67), Extremadura (65), Islas Baleares (59), Navarra (50) y
Murcia y Asturias (45).
En La Rioja, cada diputado
trabaja de media para 9.560 riojanos y en Navarra lo hace para 12.950,
mientras que en Castilla-La Mancha la media es de 61.400 personas por
parlamentario y en Madrid, de 50.900.
Y
si es diferente el número de diputados, también lo son los sueldos de
unos y otros. La mayoría de los diputados cobra entre 40.000 y 70.000
euros anuales salvo los presidentes de los parlamentos, que suelen estar
por encima. De estos últimos, entre los que más cobra está la
presidenta de la Asamblea de Madrid (95.800 euros) y como caso curioso
figura la presidenta del Parlamento de Navarra (58.500 euros), que
ingresa un poco menos que un portavoz con dedicación absoluta (59.000).
El
grueso de parlamentos se sitúan en torno a los sueldos de Murcia o de
Asturias, donde el presidente llega a los 72.500 euros y un diputado
cobra en torno a 58.000 euros. Los asturianos por ejemplo tienen un
complemento según la distancia a la que vivan del parlamento, que oscila
entre los 250 y los 650 euros mensuales.
Las
elecciones de mayo darán paso a las negociaciones entre partidos para
formar gobierno, salvo que alguno logre la mayoría absoluta. Cada
estatuto de autonomía prevé plazos y votaciones, fórmulas muy similares
todas ellas, así como la repetición de elecciones si nadie consigue los
apoyos necesarios.
La única excepción es Castilla-La
Mancha y, en parte, Asturias. La primera comunidad no prevé la
repetición de elecciones y obliga a sucesivas votaciones durante dos
meses para lograr un candidato que tenga la mayoría simple de la Cámara.
Si transcurrido ese tiempo nadie lo consigue, quedará automáticamente
designado el candidato del partido que tenga más escaños. Nada se dice
de la posibilidad de empate.
Otra comunidad cuyo
sistema facilita la elección es Asturias porque los diputados sólo
pueden apoyar a un candidato o abstenerse, no pueden votar en contra. Si
nadie gana por mayoría absoluta será investido el que tenga más
escaños.
Sin embargo, se puede dar el caso de un
empate entre partidos y así lo prevé la legislación asturiana: si dos
meses después de la constitución del parlamento nadie consigue ganar, se
convocarán de nuevo elecciones.
El resto de
autonomías prevé la disolución del parlamento a los dos meses de
constituido o de la primera votación de investidura y la convocatoria de
elecciones. En el caso de Navarra, a los tres meses.
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