CARTAGENA.- El Gobierno tendrá que remitir al Consejo Jurídico de
la Región de Murcia una consulta para que sea este órgano el que aclare
de quién es la competencia de realizar la evaluación ambiental
estratégica simplifica en el marco de las Normas Transitorias Urbanísticas.
Lo hará
en virtud de un acuerdo plenario defendido por Ciudadanos que también
exige que se convoque, a la mayor brevedad posible, una nueva reunión de
la Mesa de trabajo del Plan General de Ordenación Urbana para que se
informe del documento de avance del PGOU atender la posición de los
grupos políticos y ganarse la confianza de una mayoría plenaria que
permita pasar el corte sin contratiempos.
Por otra
parte, el Ejecutivo tendrá que determinar en la Comisión Informativa de
Urbanismo, en virtud del acuerdo apoyado por todas las formaciones
salvo Podemos, qué cuestiones de relevancia pueden resolver las Normas
Transitorias y se recupera la Mesa Técnica de las Normas Transitorias de
Cartagena, formada por Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, “este espacio
de coordinación entre administraciones para avanzar en el desarrollo
urbanístico del municipio es fundamental para sacar al municipio de la
parálisis", ha señalado Manuel Padín.
"Pocas cosas
han hecho tanto daño a Cartagena como la rancia y perniciosa
incapacidad del PP regional y el PSOE local para coordinar sus trabajos
desde distintas administraciones por el interés general", ha señalado
Manuel Padín.
La Consejería de Fomento aseguró hace unos días que las
Normas Transitorias impulsarían la edificación de 3.000 viviendas en el
municipio, la apertura de comercios y la actividad en núcleos rurales
pero el Gobierno municipal socialista, a través de la alcaldesa, llegó a
decir que las Normas no sirven para nada, “el bipartidismo improductivo
de toda la vida, el diálogo de sordos en su máximo esplendor”, lamenta
el portavoz del partido liberal.
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