MADRID.- BBVA Research cree que las pensiones actuales deberían volver a
revalorizarse por debajo de la inflación, salvo en el caso de las
pensiones mínimas, que sí deberían subir en función del IPC, todo ello
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social.
En este sentido, el responsable de Análisis Económico de BBVA
Research, Rafael Doménech, aboga por mantener el índice de
revalorización de las pensiones (IRP), que establecía un suelo mínimo de
subida del 0,25% en situaciones de déficit del sistema (como la actual)
y un máximo del IPC más un 0,5% en tiempos de bonanza económica, pero
introduciendo medidas adicionales para evitar la pérdida de poder
adquisitivo.
Domenech ha explicado que habría que mantener dicho índice y aportar recursos
adicionales o reducir gastos a fin de conseguir revalorizaciones
superiores al 0,25% y más cercanas a la inflación.
Hasta 2013,
las pensiones se actualizaban en función de la evolución de la
inflación, pero a partir de la reforma que se llevó a cabo aquel año se
revalorizaron con el IRP, por lo que no subieron más de un 0,25% debido a
los 'números rojos' de la Seguridad Social. No obstante, en 2018 y
2019, con un déficit en el sistema de más de 18.000 millones de euros,
se han vuelto a revalorizar las pensiones con el IPC.
Aunque el
servicio de estudios de BBVA considera que hay que aspirar con carácter
general a subir las pensiones en función de la inflación, advierte de
que esta medida perjudicará la sostenibilidad del sistema si no se
adoptan medidas compensatorias.
"Las pensiones de los nuevos
jubilados son muy superiores a lo cotizado a lo largo de la carrera
laboral, por lo que entran con un déficit actuarial que la demografía
prevista no puede compensar. Incluso con la reforma de 2011 funcionando
plenamente (dicha reforma elevaba la edad legal de jubilación a los 67
años de manera progresiva), el déficit será de 28 céntimos por cada
euro", asegura Domenéch.
Así, para que las pensiones iniciales futuras entren en el sistema sin
déficit alguno, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research
apuesta por implantar "cuanto antes y de manera gradual" un sistema de
reparto de cuentas individuales nocionales.
En el caso de las
pensiones actuales, Domenéch es partidario de buscar un equilibrio
"entre revalorizaciones algo inferiores a la inflación, salvo para las
mínimas", reducción de algunos gastos del sistema y la aportación de
recursos adicionales mediante impuestos que, en todo caso, deberían ser
transitorios (hasta que el sistema esté en equilibrio), ya que generan
efectos negativos sobre el empleo.
"Lo ideal es anticiparse y
diseñar mecanismos que aseguren la corrección gradual del déficit y no
de una manera brusca y traumática, como ocurrió en países como Grecia",
apunta Domenéch, que señala que una de las ventajas del IRP era su
transparencia y la información que proporcionaba sobre la salud
financiera del sistema: sólo se puede gastar en pensiones lo que se
ingresa por cotizaciones.
De seguir actualizando las pensiones
con la inflación, sin factor de sostenibilidad y sin cambios adicionales
en el sistema, el déficit de la Seguridad Social en 2050 podría suponer
entre el 4,3% y el 6,3% del PIB, según estimaciones de la AIReF y de la
Comisión Europea, respectivamente. BBVA Research destaca que ese
déficit del 6,3% del PIB equivaldría a unos 4.000 euros anuales por cada
cotizante.
La reforma de 2013 introdujo también el llamado
'factor de sostenibilidad', cuya entrada en vigor debía haberse
producido el 1 de enero de este año, aunque se aplazó hasta 2023. Este
factor busca ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la
esperanza de vida.
Para Doménech, sería necesario aplicar
"cuanto antes" este factor "por razones de equidad". "La esperanza de
vida a partir de los 65 años aumenta aproximadamente 16 meses cada 10
años, pero la edad media de jubilación lo hace a un ritmo de seis meses
por década. Si no se aplicase el factor de sostenibilidad, se terminaría
tratando de manera diferente a los pensionistas sólo por pertenecer a
generaciones diferentes con distintas esperanzas de vida", explica.
El responsable de Análisis Económico de BBVA Research considera que
haría falta más pedagogía en esta materia para que los ciudadanos
conozcan los desafíos a los que se enfrenta la Seguridad Social. "Los
riesgos de sostenibilidad de no hacer cambios en el sistema no se
explican lo suficiente", afirma.
Desde el Instituto BBVA de
Pensiones vienen proponiendo desde hace años que los trabajadores
españoles reciban anualmente información de la Seguridad Social sobre su
futura pensión de jubilación y cómo varía ésta en función de la edad de
retiro.
Doménech cree que los pensionistas también deberían
recibir información anual sobre la situación financiera del sistema de
pensiones, sobre cuánto debería aumentar su pensión para reducir el
déficit y qué parte de su pensión se financia "con deuda que recae sobre
las generaciones futuras". "Muy pocos pensionistas conocen que el
déficit acumulado entre 2011 y 2018 equivale a más de 10.650 euros por
pensionista", concluye.
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