MURCIA.- En relación con la noticia sobre el
grupo de trabajo CARM-TSJ para “acabar con los desahucios” constituido
entre la CARM y el TSJ, es consecuencia del acuerdo entre el
CGPJ y la CARM, suscrito el pasado mes de diciembre, tras haber suscrito
el Consejo General del Poder Judicial acuerdos similares, con casi todas las CCAA desde hace
incluso años, pone de manifiesto el olvido en el que la CARM había
sumido este grave problema.
De la lectura del
acuerdo, lo único que cabe entender, es que se comprometen a cumplir el
artículo 150.4 de la ley de enjuiciamiento civil, para lo que no se
requiere acuerdo alguno.
En cuanto al Gobierno
regional se refiere, lo primero que han de hacer es cumplir fiel y
rigurosamente la ley 10/2016, incluyendo a la PAH en el Servicio de
Mediación Hipotecaria del que tanto alardean, y de cuyos resultados
dudamos, negociar con grandes tenedores de vivienda la cesión de un
número suficiente de viviendas en buen estado, así como con las
suministradoras de agua, luz y gas, y, sobre todo, cambiar sus absurdas e
ineficaces políticas de Vivienda, empezando a generar de una vez Parque
Público de Vivienda, tanto para alquiler asequible, como para Vivienda
Social, cuya carencia es casi absoluta. Así como revisar y mantener el
exiguo parque existente.
Por lo que se refiere al
PP, partido del Gobierno regional y del Consejero Valverde, debieran
empezar por reconocer que fue su reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) que aprobaron en 2013 la que deja a los inquilinos en
manos de los caseros, quienes deciden si renovar o no los contratos y
fijar los precios que consideren, impidiendo además su defensa jurídica
en caso de demanda de desahucio por impago o por “necesidad”.
Con el
texto actual de la LAU, servirá de muy poco la detección precoz de la
situación vulnerabilidad, ya que el cumplimiento de la ley, obligará a
los jueces a dictar órdenes de desahucio.
La
judicatura lo tiene más fácil, si en cumplimiento de la ley 25/2014 de
Tratados Internacionales, da cumplimiento al Pacto Internacional sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (cuya obligación de
cumplimiento recordó el Supremo el pasado julio) suscrito por España en
1976, y ratificado en 2010, que prohíbe los desalojos forzosos sobre
familias vulnerables sin alternativa habitacional…
Para
acabar realmente con los desahucios, lo que el PP debe hacer, es dejar
que se tramite la Ley de Vivienda de la PAH, que tras haber sido
aprobado en septiembre pasado su toma en consideración por el Pleno de
Congreso, la vienen bloqueando semana tras semana junto con C's con la
excusa fraudulenta (que permite el absurdo y antidemocrático Reglamento
del congreso) de ir solicitando cada semana nueva ampliación del plazo
de presentación de enmiendas para impedir la tramitación de la misma.
También debería explicar el PP, por qué ha presentado un proyecto de
ley, por el que se puede llegar a condenar hasta con 3 años de cárcel a
quienes carentes de cualquier alternativa, se vean obligados a ocupar
una de las más de 3,4 millones de casas vacías que existen en España
según el INE.
Nuestra ley establece la dación en
pago incluso retroactiva, alquileres largos y con precios justos con
elaboración de índices de precios que permitan a los ayuntamientos
controlar subidas especulativas, que para disponer de casas, dado el
inexistente parque público, obliga a los grandes tenedores que hayan
recibido dineros públicos por vía de subvenciones, exenciones fiscales o
rescate a ceder temporalmente el uso de viviendas injustificadamente
vacías y pone además fin a la pobreza energética.
En
un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han
ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, 10 de ellos en la
región de Murcia, según los datos del CGPJ, donde el parque público de
vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias
desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda
desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos
forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184
familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u
ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el
INE hay en España, o se ponen en marcha medidas de choque, o el acceso a
la vivienda será un privilegio sólo de quienes se lo puedan pagar.
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