BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo (PE) aceptó hoy la solicitud de enviar una delegación
a Palomares (Almería, España ) para evaluar la descontaminación de los
terrenos y realizar un informe.
El coordinador de
Ecologistas en Acción, José Ignacio Martín, denunció ante los
eurodiputados la situación de Palomares, enclave en el que en 1966 dos
aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y
desprendieron cuatro bombas termonucleares "liberando nueve kilos de
plutonio por la zona".
Martín habló de una "limpieza ficticia" por parte de
Estados Unidos, así como de que el Gobierno del dictador español,
Francisco Franco, "llegó a un acuerdo para engañar a la opinión publica y
a la población de Palomares diciendo que no había vestigios de material
radioactivo, mientras los ciudadanos fueron tratados como cobayas para
ver los efectos del plutonio en los seres humanos".
Otro
de los peticionarios, José Herrera, subrayó que el municipio almeriense
"lleva 53 años viviendo con la radioactividad" junto a la "indefensión
de una población que espera la rehabilitación de la zona", y denunció
que los informes sobre seguridad nuclear llevados a cabo hasta la fecha
"no abarcan todas las parcelas ni son suficientemente exhaustivos".
Por
otra parte, la comisión de Peticiones examinó hoy el caso del
cementerio de residuos nucleares en Cabril (Córdoba), y decidió pedir
más información a las autoridades españolas.
Sebastián
Pérez Gallardo, de Izquierda Unida Córdoba, puso sobre la mesa la
cuestión del almacenamiento y traslado de residuos nucleares a ese
enclave, y pidió "transparencia para conocer qué residuos se están
almacenando en estas instalaciones".
Aseguró que
España incumple la legislación de la Unión Europea en materia de gestión
de residuos nucleares y que el transporte de dichos desechos no se
lleva a cabo de forma transparente, y lamentó "la opacidad" del Gobierno
central sobre "el traslado de residuos desde la central nuclear Santa
María de Garoña".
En ambos casos, tanto de Palomares
como de Cabril, los peticionarios subrayaron que el almacenamiento de
residuos nucleares "no sólo afecta a la salud de la población, sino al
desarrollo socioeconómico de la zona".
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