BARCELONA.- Desde la llegada del PSOE a la Moncloa, el pasado mes de junio, la conflictividad entre el Gobierno español y las autonomías se ha reducido en comparación con lo que ocurría durante el mandato del PP, según se afirma hoy en La Vanguardia.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet,
ha procedido durante el segundo semestre del 2018, en este sentido, a
la retirada de seis recursos de inconstitucionalidad, a la apertura de veintidós procedimientos de negociación previos a la impugnación ante el Tribunal Constitucional y a la resolución con acuerdo de once de los iniciados en el primer semestre del año.
La reducción de la conflictividad entre administraciones
responde, según el propio ministerio, al “esfuerzo de concertación y
negociación entre el Estado y las comunidades autónomas” que se propuso
la ministra al llegar al cargo y que ha empezado a dar sus frutos. En
concreto, el Gabinete de Pedro Sánchez ha desistido, de forma total o
parcial, de seis recursos de inconstitucionalidad interpuestos en la
etapa de Mariano Rajoy que afectan a leyes sobre todo de carácter social
de Catalunya, el País Vasco y Aragón después de alcanzar acuerdos con
los respectivos gobiernos autonómicos para modificar o interpretar en
línea con la doctrina del Tribunal Constitucional las normas objeto de
litigio.
En el caso de Catalunya, la retirada de los recursos fue sobre
las leyes de emergencia habitacional 24/2015 y 4/2016 y fue firmada el
30 de octubre en la sede del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència por la ministra Batet y el entonces
conseller Ernest Maragall.
En paralelo, el Gobierno español ha puesto en marcha hasta
veintidós procedimientos de negociación, al amparo del artículo 33.2 de
la ley del propio Tribunal Constitucional que permite ampliar de tres a
nueve meses el plazo de presentación de impugnaciones, sobre normas
autonómicas que podían resultar conflictivas, con el objetivo de
alcanzar también acuerdos interpretativos o modificativos que hagan
innecesarios los recursos.
Y ha resuelto de forma satisfactoria la mitad
–once de veintidós– de los procedimientos abiertos por el mismo motivo
durante los últimos meses de mandato del PP. Junto a ello, además, en el
segundo semestre del 2018, el Gabinete de Sánchez ha planteado cuatro
actuaciones ante el Tribunal Constitucional contra leyes, disposiciones y
resoluciones –entre ellas, la del Parlament de reprobación del rey
Felipe VI y de abolición de la monarquía– de las comunidades autónomas,
frente a las seis que en el primer semestre puso sobre la mesa el
ejecutivo de Rajoy.
La litigiosidad en el Tribunal Constitucional
ha sido siempre el termómetro que ha marcado el estado de la relación
entre el Gobierno central y las autonomías, y después de la etapa del
PP, en la que los conflictos entre los dos bandos han abundado, ahora el
PSOE quiere darle la vuelta. Y de momento, el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública considera que el primer resultado es
positivo.
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