CARTAGENA.- El Inventario de Instalaciones de
Residuosrealizado por el Ministerio de Transición Ecológica ha recogido
44 balsas de residuos mineros abandonados a lo largo y ancho del país, a
los que hay que sumar 29 escombreras.
De ese total, la Región de Murcia
acumula el 40% de esas balsas y escombreras, con 19 instalaciones en el
municipio de La Unión (15 balsas y 4 escombreras), 5 instalaciones en
Mazarrón (4 balsas y 1 escombrera) y 5 balsas en Cartagena, fruto del
pasado minero intensivo que se desarrolló en esas zonas durante el siglo
pasado, según Equo RM.
A estos restos abandonados, hay que
añadir los suelos contaminados en el Llano del Beal, El Beal y El
Estrecho, causantes de un nivel de exposición 300 veces superior a lo
normal en metales pesados y elementos traza como el arsénico, el cadmio,
el cinc o el plomo en la población infantil de esas localidades, así
como los ya conocidos contaminantes de la bahía de Portmán, acumulados
por más de 30 años de vertidos ininterrumpidos de residuos mineros,
entre 1957 y 1990.
Estos contaminantes, junto con la existencia de
suelos radiactivos en El Hondón, nos indican que la zona costera entre
Cartagena y Mazarrón presenta unos altos niveles de riesgo para la salud
y para el medio ambiente, además de que muchos de esos contaminantes
van a parar al Mar Menor a través de la rambla del Beal.
Sin
embargo, el gobierno regional no parece que tenga como prioridad el
sellado de esas balsas, como se comprueba en la reactivación del caso
"Balsa Jenny", en el que la Fiscalía ha establecido que hay "indicios de
la posible comisión un delito contra el medio ambiente y/o de un delito
de prevaricación" por parte de la Dirección de Calidad Ambiental y de
su Servicio de Vigilancia y Control, por el retraso en el sellado y la
restauración del depósito Los Blancos I, y por desentenderse
presuntamente, durante diez años, de su obligación de proteger la salud
de las personas y el entorno natural de la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión y del Mar Menor.
Equo RM exige a los
responsables y gestores públicos del gobierno regional que se pongan
manos a la obra para iniciar el sellado de esas balsas abandonadas y a
la limpieza de las escombreras que suponen un gran riesgo sanitario y
ambiental.
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