MADRID.- El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobado por el
Gobierno tendrá un impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB)
español de entre 586 y 662 millones de euros, con los consumidores y las
pequeñas y medianas empresas (pymes) como los más perjudicados, según
un informe elaborado por PwC a petición de Ametic y Adigital.
El estudio ‘Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de
la Economía Española’ señala que el coste que tendrá el impuesto
conocido como ‘Tasa Google’ será transferido a las empresas usuarias de
los servicios afectados, que, a su vez, trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor.
En concreto, estima que los consumidores experimentarán una pérdida
de bienestar de entre 515 y 665 millones de euros derivada del
incremento del precio de los productos y servicios, lo que que conlleva
pagar más por ellos, “repercutiendo negativamente en el ahorro”, o incluso, en algunos casos, no poder adquirirlos o disfrutarlos.
Por su parte, las empresas españolas usuarias de los servicios
digitales verán reducido su beneficio operativo entre entre 450 y 562
millones de euros, debido tanto al aumento del coste de uso de
plataformas y marketing online como a las menores ventas por el traslado
de parte del precio al cliente final.
Asimismo, el informe también advierte de que la tasa digital, con la
que el Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros anuales, también
tendrá otro impacto colateral en las cuentas públicas, ya que debido a
la menor facturación en el sector también se reducirá la recaudación del
IVA.
Por otro lado, el estudio advierte de que esta tasa tendrá un impacto
negativo en la economía a largo plazo, ya que ralentizará su
digitalización, fundamental para garantizar la competitividad de la
economía española y sobrevivir en un contexto globalizado. En este
sentido, alerta de que en este contexto la economía española se
situará en una “posición de desventaja” competitiva respecto a otros
países.
Según cálculos de PwC, en este escenario España no podrá disfrutar de los potenciales beneficios de la transformación digital,
ya que un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país
supone un crecimiento del 0,75% del PIB per cápita y reduce un punto
porcentual la tasa de desempleo.
En esta línea, también incide en que tendrá un efecto distorsionador
sobre el mercado, ya que crea ventajas competitivas de determinadas
empresas frente a otras. En concreto, perjudicará a las más
digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o
anunciarse, que son generalmente pymes, quienes también verán
encarecidos los costes de exportar sus servicios y productos.
En la presentación del informe, Ametic y Adigital han reconocido que
es complicado valorar la cifra de recaudación prevista por el Gobierno,
especialmente en los primeros años, pero en general la han calificado de
“ambiciosa” y han puesto en duda la memoria económica del Impuesto.
Además, PwC ha remarcado que cuanto más se recaude, mayor será el
impacto en la economía.
La directora general de Ametic, María Teresa Gómez Condado, ha
asegurado que esta tasa hace de España “un país más incierto” tanto
desde un punto de vista de seguridad económica como de atracción de
empresas, y ha calificado de “perturbador” y “disfuncional” que se pongan medidas que vayan en contra de la digitalización de la economía.
Asimismo, ha abogado por una regulación internacional o europea para
todo lo que tenga que ver con las distorsiones que genera la economía
digital con el fin de lograr un sistema “equitativo, justo y global” que
favorezca la economía.
Sin embargo, ha incidido en que al hacerlo
España de forma unilateral, el país se sitúa en “desventaja competitiva”
respecto a otros y pone en peligro el Mercado Único Digital europeo.
A este respecto, el director general de Adigital, José Luis
Zimmerman, ha remarcado que ese mercado único es lo que necesita Europa
“como agua de mayo” porque si no sus empresas no tendrán oportunidad de
escalar y ni de competir.
Además, ha afirmado que ve “factible” que haya
un acuerdo en la OCDE o, en su defecto, en la UE, y ha lamentado que
España haya aprobado esta tasa de “forma unilateral” y sin analizar el
impacto que tendrá en su economía.
Las asociaciones también critican que es una tasa “discriminatoria”,
ya que apunta solo a ciertas actividades, y lleva a la doble imposición,
dado que estas compañías también pagan Impuesto de Sociedades.
“Nadie pone en duda que la configuración de este impuesto es
cortoplacista y no va a resolver de ningún modo lo que pretende, lograr
un marco fiscal más adaptado a la realidad de la economía digital”, ha
agregado Zimmerman.
No hay comentarios:
Publicar un comentario