MADRID.- La Policía Nacional y la Guardia Civil han decomisado en tres
operaciones en pocas semanas cientos de toneladas de jamones y otros
productos cárnicos caducados, e incluso en mal estado, que las
sociedades o personas implicadas pretendían —en algún caso lo habían
conseguido— volver a poner en el mercado, después de falsificar
etiquetas o precintos. Fuentes de la Guardia Civil y del Ministerio de
Sanidad sostienen que, por el momento, se trata de operaciones
independientes que han coincidido en fechas cercanas. En todo caso, se
sigue investigando por si pudieran tener conexión, revela El País.
El problema ya no es, como años atrás, que productos de calidad media
o baja se hagan pasar por gourmet y pata negra —un timo más o menos
habitual que los productores de ibéricos trataron de encarrilar con la
norma de calidad de 2014 y los precintos que indican la raza y el método
de alimentación del animal—.
En estos casos el fraude consiste en que productos cuya fecha de consumo preferente o caducidad ha expirado
y que deberían ser destruidos son devueltos al mercado tras falsificar
las etiquetas, que deben incluir todos los datos que permitan la
trazabilidad de la carne.
La última de las incautaciones se produjo este fin de semana en Fuente Vaqueros (Granada),
después de que unos agentes dieran el alto a un camión frigorífico en
un control rutinario. Al inspeccionar la carga, detectaron los productos
cárnicos y acompañaron al conductor a su destino, una nave donde se
almacenaba un lote de 10.700 jamones y embutidos ibéricos caducados y en
mal estado de conservación que sus propietarios estaban moviendo de
sitio. En la inspección de la nave, se descubrieron “anomalías” en el
etiquetado, indicios de que algunas etiquetas habían sido manipuladas,
lo que hace sospechar que la intención era poner de nuevo esos productos
en el mercado, según fuentes de la Guardia Civil. Ahora se trata de
averiguar de dónde habían salido esos productos, que ya han sido
incinerados.
Las mismas fuentes afirman que por ahora no se ha hallado ninguna conexión ni con la operación que en marzo descubrió más de 30.000 kilos de carne congelada caducada en unas naves de Mallorca
a la espera de ser distribuida en colegios, hoteles y restaurantes; ni
con el decomiso, destrucción e inmovilización de cientos de toneladas de
jamones, embutidos y otros productos cárnicos caducados e incluso en estado de putrefacción en varias naves de la Comunidad Valenciana y Extremadura.
Fuentes de la consejería valenciana de Salud indican que son cinco las
industrias cuya actividad ha sido suspendida y en otras nueve se han
realizado “controles especiales”. Se ha retirado producto en estas
empresas y en puntos de venta. Este caso dio pie a una alerta sanitaria
de la Agencia Española del Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan),
del Ministerio de Sanidad, que avisó contra el consumo de productos de
varias marcas: Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda,
Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don
Enrique y Oro la Ermita.
Pese a la coincidencia de casos en pocas semanas, ni la Guardia
Civil, ni el Ministerio de Sanidad, ni la patronal ANICE tienen
constancia de que haya habido un repunte de este tipo de fraudes.
Por su
parte, la patronal de la industria cárnica ANICE admite su
“preocupación”, aunque rechaza hablar de tramas. “Son delincuentes como
puede haberlos en cualquier sector”, apunta.
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