Orden republicano / Ramón Cotarelo *

El acercamiento de las presas políticas catalanas, siendo un acto de justicia inicuamente retrasado y no completo, pues lo justo sería liberarlos y exonerarlos como personas inocentes que son, plantea una situación nueva en Catalunya.

Que no ha lugar a su procesamiento se echa de ver en que, no habiendo habido violencia, no se han dado los delitos que se les imputan. 

 

Pero, aun en el supuesto de que hubiere delito, que la convocatoria y celebración de un referéndum el 1-O de 2017 fuera un delito, sería preciso imputárselo a los convocantes, organizadores y coadyuvantes, esto es, a los dos millones trescientas mil personas que, al votar, consumaron el delito. Dos millones trescientos colaboradores necesarios en el delito. Esa sí que sería una macrocausa.

Ya en serio. La presencia de los presos políticos catalanes en cárceles de Catalunya, vigilados por la Generalitat, genera una situación moralmente muy difícil para el independentismo. Los presos y exiliadas siguen siendo un símbolo y su liberación el requisito de todo diálogo. 

 

Y, al tiempo, se da la necesidad de gestionar los asuntos corrientes. El gobierno central quiere ver la situación como "normal"; pero el independentismo no puede aceptar como normal el encarcelamiento de sus dirigentes. 

 

Por eso se dan dos formas de entender la situación. Una de ellas requiere proceder sin más en la vía unilateral. Tal cosa supone hacer efectiva la Repúblicana Catalana ya y nada mejor para ejercer la soberanía que liberar a los presos políticos. Crisis, conflicto y casi segura aplicación de un renovado y más duro artículo 155 con previsibles nuevos procesamientos, encarcelamientos y, quizá, exilios.

La otra vía, que se hizo oír ayer pide contener la reacción popular a la llegada de las presas y ajustarse a las orientaciones de la ANC y Ómnium. Contención, pues, a los CDRs. ¿Con vistas a qué? A no obstaculizar el esperado encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra en el que, según la vicepresidenta Calvo, habrá un diálogo sin cortapisas. Algo es algo. 

 

Por supuesto, se admitirá que el MHP Torra hable de autodeterminación y se adelanta que se rechazará la idea, el concepto y la práctica. Además se hablará de los otros 45 famosos puntos de Puigdemont a Rajoy hace tres años. Y hasta es posible que se sienten las bases para futuras negociaciones, en aspiración de Elsa Artadi.

Pero lo esencial es que pueda hablarse de todo. Ya solo con eso, los bonachones del independentismo, PDeCat y ERC, votan a favor de la renovación del consejo de RTVE propuesta por PSOE/Podemos. Se puede hablar de autodeterminación. Sin duda, un avance. Pero no he leído ni oído en parte alguna que también vaya a hablarse de los presos políticos. Los/las presas/os exiliados políticos son el auténtico obstáculo a toda normalización y no las especulaciones sobre el derecho de autodeterminación.

El nacionalismo español confía en mitigar la reivindicación independentista comprometiendo los 45 puntos y una reforma constitucional. Mitigarla al extremo de encontrar una especie de independencia económica de hecho dentro de una monarquía española renovada. Pero eso tiene mucho de ilusión. El carácter republicano del independentismo es incompatible con la monarquía. 

 

Por lo demás, ese movimiento independentista no se desmigajará con ofertas de políticas públicas en especial financieras. Y, si la CUP acepta que se tiente el terreno dialogante y negociador, es a cambio de que, paralelamente, el movimiento independentista siga su curso unilateral, aunque amortiguado.

Ayer mismo, el Parlament votó reactivar los objetivos políticos del procés. Votaron en bloque JxCat, ERC y CUP. Es una moción que reitera la validez de la declaración del 9N de 2015, por la que "el Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de República." Ni que decir tiene, esta resolución fue anulada fulminantemente por unanimidad por el Tribunal Constitucional. No es seguro que el gobierno de Sánchez pueda digerir este acto de descarada desobediencia al alto tribunal. 

Además de pedir al Govern que ponga en marcha la declaración independentista, el Parlament se apresta a reactivar un manojo de leyes suspendidas por el mismo TC. En este punto de la declaración de ayer, la mayoría independentista aumenta con los votos de los Comunes, partidarios de la medida de aplicar la legislación. Ese es el bagaje con el que el presidente de la Generalitat se apresta a dialogar con el de España. Y la cuestión de las personas presas por razones políticas debe tratarse. 

Los dos modos de entender la iniciativa catalana, la más radical y la más contemporizadora, acaban siempre coincidiendo en un punto: la República se consolidará desobedeciendo.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED