MADRID.- Los líderes regionales del PP y del PSOE coinciden en que no hay que esperar a que haya gobierno en Cataluña para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.
Los presidentes y consejeros consultados por El País urgen a Mariano
Rajoy a presentar su propuesta y a comenzar unas conversaciones a las
que los independentistas no tienen previsto asistir en todo caso, según
fuentes conocedoras de su estrategia. Aunque a la inestabilidad de
Cataluña se ha unido la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta
de Madrid, el presidente abordará este mes la renovación del sistema, pendiente desde 2014, con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno mantiene todas las cautelas sobre la evolución de la
situación política de Cataluña, donde habrá que adelantar elecciones si
se llega hasta el 22 de mayo sin un nuevo president. Ante el
bloqueo en el Parlament, los estrategas de La Moncloa abogan por agotar
ese plazo antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y
aseguran que no ha comenzado “el trabajo bilateral” que debería
desarrollarse antes de que se produjera ese foro.
Sin embargo, ni la falta de gobierno en Cataluña, ni la posibilidad
de que un adelanto electoral en esa Autonomía retrase aún más la
formación de un ejecutivo, ni la previsible ausencia de sus
representantes cuando lo haya, sirven ya de excusa para el resto de
Comunidades.
Nada justifica que se retrase más tiempo la negociación,
según el criterio compartido por presidentes y consejeros autonómicos de
los dos principales partidos, que subrayan la urgencia de renovar el
sistema para atender a la financiación de servicios como la salud o la
educación. De hecho, varios de ellos recuerdan que el Gobierno central
puede representar al catalán mientras esté en vigor la intervención
ejecutada bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.
Y otros
plantean que se puede optar por una reforma puntual de la financiación
autonómica, que les permita mejorar sus ingresos, para luego abordar la
negociación del nuevo sistema con Cataluña en la mesa. En ese punto
intermedio entre dejar las cosas como están y cambiarlas por completo
entrarían las conversaciones para una restructuración de la deuda
autonómica.
"Lo más adecuado en estas circunstancias sería una reforma de modelo y
no necesariamente un nuevo modelo", resume el presidente socialista de
Extremadura, Guillermo Fernández-Vara. "Es una anomalía acordar un nuevo
modelo sin Gobierno en Cataluña... Ahora bien, como ellos no quieren
formar Gobierno no puede pararse el resto del país".
Vara avanza que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, convocará
un consejo político cuando el Gobierno de Rajoy presente su propuesta para la financiación. Sin embargo, en la cuestión de Cataluña hay unanimidad entre los líderes autonómicos socialistas. No hay que esperar más.
"Llevamos cuatro años de retraso", recuerda el presidente de Aragón,
Javier Lambán. "Las comunidades no podemos más, estamos soportando una
insuficiencia financiera que repercute sobre los servicios, hay una
responsabilidad unívoca del Gobierno de España, que tiene que convocar
el consejo con una propuesta. No aceptaré jamás que la ausencia de
Gobierno en Cataluña sirva como coartada al Gobierno de Mariano Rajoy
para no hacerlo", asegura.
Y recalca: "No podemos aceptar el chantaje
catalán. Si no están porque no han querido constituir un Gobierno quiero
que nos sentemos, y aplicando el 155 el Estado asuma la representación
de Cataluña y negociemos un modelo".
"Lo idóneo sería que Cataluña tuviera Gobierno porque a nadie se le
escapa que es una comunidad clave para el sistema común, y en ese
sistema debe seguir. ¿Pero podemos esperar indefinidamente sin tener un
nuevo sistema?", se pregunta el presidente de Asturias, Javier
Fernández, sobre los seis meses que lleva esa Comunidad sin Gobierno.
"No, porque las comunidades autónomas están al límite", se contesta.
"Veo muy complejo abordar una financiación con Cataluña sin que tenga
un Gobierno efectivo", coincide el presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page. "Se podría abordar (sin ella) pero con el
compromiso de que luego no vaya a haber bilateralidad con Cataluña, es
decir, un nuevo modelo exclusivo de Cataluña", sigue.
Y propone: "Si no
hay un modelo razonable y lo más justo posible a corto plazo yo abogaría
por una revisión parcial a expensas de que se normalice la situación
institucional en todos los lugares. No podemos seguir estancados.
Apostaría como mínimo por una actualización del modelo a expensas de un
debate en profundidad".
"Cataluña sirvió de excusa y ya no hay que esperar", pide Catalina
Cladera, consejera del Gobierno de las Islas Baleares, que preside
Francina Armengol. "Cataluña puede participar de otra manera".
"Dada la dificultad que tenemos y que el modelo ya ha caducado, hay
que empezar las conversaciones políticas", le sigue María Jesús Montero,
consejera del Ejecutivo de Susana Díaz en Andalucía. "Si no, seguimos
dando la coartada al gobierno para que no convoque nunca",
"Cualquier nuevo sistema beneficiará a Cataluña porque es de las
damnificadas ahora, así que un nuevo modelo no hará daño al tema
catalán", remata Vicent Soler, consejero de Ximo Puig en el Gobierno de
la Comunidad de Valencia.
Esa propuesta de avanzar con una renovación parcial del sistema de
financiación para luego consolidar la reforma cuando se una Cataluña
también suena bien en el PP. Desde el partido de Rajoy se recuerda que
el gobierno central representaría al catalán en la mesa de negociaciones
mientras se mantenga el 155. Como ocurre entre los representantes del
PSOE, se subraya la urgencia de actualizar el sistema para hacer frente a los servicios que demandan los ciudadanos.
Y también se piden pasos medidos, para no alimentar el independentismo
con una negociación que deje de lado los intereses catalanes.
"¿Cataluña es importante? Es muy importante", afirma el presidente de
Murcia, Fernando López Miras. "Hay que escuchar su opinión, pero no
podemos estar esperando sine die a que en Cataluña quieran
ponerse de acuerdo Comunidades que estamos año tras año perdiendo
ingresos y generando deuda por culpa del sistema; y que no podemos
llevar a cabo bajadas de impuestos, incentivos y reformas", argumenta.
"Nos están perjudicando al resto", prosigue. "La solución es muy
complicada, pero hay que empezar a dar pasos ya".
"Siempre cabe la solución intermedia de mejorar el modelo de manera
provisional, porque necesitamos urgentemente que haya una mejor
financiación", argumenta Pilar del Olmo, consejera popular del Gobierno
de Castilla y León. "Y que se haga de manera definitiva cuando haya
gobierno en Cataluña", añade. "Se podría perfectamente no cerrarlo de
manera definitivamente hasta entonces".
"Sería conveniente que hubiera un gobierno constitucional en
Cataluña", reconoce Alfonso Domínguez, consejero del Gobierno de La
Rioja, del PP. "Pero el resto tenemos muchas dificultades en la
prestación del servicio, y si no lo hay, tendremos que avanzar sin
Cataluña en la negociación del sistema".
No obstante, ni la falta de gobierno en Cataluña ni la complejidad de los factores en juego
son las únicas dificultades a las que se enfrenta la negociación. Rajoy
ordenó a los líderes territoriales del PP que consensuaran un documento
interno con una posición común para ofrecérselo al PSOE. Ese acuerdo no
se ha alcanzado aún, y es ahora más complicado que nunca: la dimisión
de Cifuentes ha dejado sin referentes al partido en Madrid, precisamente
el gobierno autonómico con más peso en la economía de España de los que
mantiene el PP.
La última conferencia de presidentes, convocada en enero de 2017, no
contó con la presencia de Carles Puigdemont, entonces presidente de la
Generalitat. Tampoco seleccionó Cataluña a un experto que participara de
los trabajos coordinados por representantes de todas las Comunidades para elaborar un documento
en el que dejaran claras sus necesidades y propuestas en financiación. Y
es previsible que esa tendencia se mantenga cuando llegue la
negociación final, incluso si los independentistas finalmente forman
gobierno.
Fuentes conocedoras de esta estrategia avanzan la apuesta por
ausentarse, y argumentan que en caso contrario podría interpretarse
cualquier beneficio para Cataluña como una concesión del Gobierno. Una
situación que se juzga como indeseable para los intereses de las dos
partes.
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