MURCIA.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato
más representativo en las administraciones públicas, ante la demanda de
los trabajadores de la empresa privada del 112, recuerda que la
Comunidad Autónoma, en su ámbito territorial, "es la entidad que presta
el servicio de atención de llamadas de urgencia, a través del teléfono
único europeo 112", competencia que está asignada a la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dependiente en la actualidad de
la Consejería de Presidencia.
Asimismo, recuerda que el servicio de explotación operativa, que
realizan los "trabajadores de una empresa privada", consiste básicamente
en la atención telefónica y clasificación de las llamadas de emergencia
que realizan los ciudadanos a través del número telefónico 112, y
"remitirlas" a los servicios que gestionan las emergencias, función que
desempeñan "empleados públicos de la Administración regional", para que
la actuación sea rápida, coordinada y eficaz.
Por estos motivos, CSIF cree muy necesario insistir y destacar:
Que todos los servicios que gestionan las emergencias en la Región de
Murcia los prestan empleados públicos de las tres administraciones.
Que el único contrato externalizado es el de "atención telefónica de
las llamadas que realiza el ciudadano", cuya información trasladan a los
órganos gestores de la emergencias que son los que "deciden" enviar los
distintos medios, dependiendo de la emergencia de que se trate
(ambulancias, vehículos de bomberos, policías etc.).
Que ese servicio está externalizado desde el año 1998, es decir "unos
20 años", y que hasta diciembre de 2016, que empezó a prestarlo la
actual adjudicataria del contrato, han realizado esa asistencia
diferentes empresas: una alrededor de cuatro años y medio para la
instalación y puesta en marcha de la Plataforma; otra durante un año u
medio, y otras empresas, pertenecientes al mismo grupo, unos 14 años
aproximadamente.
Que por tanto, este servicio de atención de llamadas telefónicas
"siempre lo ha prestado una empresa externa y no se privatiza ahora,
sino que lo está desde el año 1998", y sus trabajadores han estado
siempre sometidos al Convenio Colectivo correspondiente en su ámbito de
trabajo, teniendo la obligación de cumplirlo los responsables de la
Administración Pública regional.
CSIF considera que "proponer" que el citado servicio de atención
telefónica de llamadas lo presten funcionarios públicos seria, quizás,
una buena opción, pero siempre que fuera mediante la oportuna "creación
de plazas y provisión de las mismas con una convocatoria pública en
condiciones de igualdad, merito y capacidad", como marca el Estatuto
Básico del Empleado Público y el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Función
Pública de la Región, para que todos los ciudadanos puedan presentarse
en igualdad de condiciones, a través de oposiciones libres. En caso
contrario, seria discriminatorio al no tener igualdad de oportunidades
para acceder a estos puestos.
Asimismo, pensamos que sería "incoherente" que la Administración pida
previamente pasar por un examen de oposición para estar en una bolsa de
trabajo, y ahora abriera una 'puerta trasera' a otros para que sean
empleados públicos. "¿Qué opinarían de esto el resto de funcionarios
interinos y laborales temporales de la Administración regional?"
Desde CSIF advertimos que en el supuesto caso de que "sí se abriesen
las puertas" sin realizar oposiciones libres a estos trabajadores para
ser funcionarios o laborales, el resto de colectivos que prestan
servicios externalizados como el 012, retenes forestales, personal de
limpieza, vigilantes de seguridad, o sala de 092 de la policía, entre
otros, exigirían, probablemente y en aras del principio de igualdad,
"convertirse también en personal funcionario o laboral de esta Comunidad
Autónoma" con el consiguiente coste económico que conllevaría para las
arcas regionales, que difícilmente podrían soportar decenas de miles de
nuevos empleados públicos.
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