domingo, 20 de mayo de 2018

Un guion incompleto / Julián Mollejo *

La que iba a ser «la legislatura más reformista de la historia» quedará en los anales como un periodo convulso de la política regional, recordado más por la dimisión de quien así la bautizó durante el debate de su investidura presidencial, el 29 de junio de 2015, que por los avances experimentados por la Región de Murcia. 

Pedro Antonio Sánchez no podía saber entonces que su reloj político ya había iniciado la cuenta atrás y que su partido, el PP, sería incapaz de completar el ambicioso guion programado para la Región.

Si acaso, la culminación de la apertura del nuevo aeropuerto de Corvera y la llegada del AVE a Murcia pueden iluminar el ocaso de una legislatura marcada por los claroscuros y la brega parlamentaria.

El Gobierno regional, ahora bajo la presidencia de Fernando López Miras, encara la recta final de este mandato con una veintena planes, pactos y leyes, de todos los que prometió, aún pendientes de desarrollar. Muchos de ellos ni siquiera verán la luz antes de la próxima cita con las urnas, en mayo de 2019.

A la legislatura le quedan, en la práctica, apenas un par de meses de puro y duro trabajo. El actual periodo de sesiones de la Asamblea Regional debería concluir en junio, pero los cuatro grupos parlamentarios están dispuestos a ampliarlo hasta julio con el fin de aligerar lo más posible la enorme lista de espera de todo tipo de iniciativas que existe en la Cámara.

Tras la vuelta de las vacaciones estivales, el curso político que arranque en septiembre estará contaminado por el clima preelectoral y resultará mucho más complicado alcanzar acuerdos para sacar adelante cualquier proyecto. El Ejecutivo debería darse por satisfecho si consigue los votos necesarios para aprobar su últimos presupuestos, ya que Ciudadanos, alentado por las encuestas, subirá el nivel de sus exigencias y presiones ante la cercanía de la jornada electoral.

La tramitación de un proyecto de ley necesita al menos un año de tiempo, desde que se redacta el borrador hasta que recibe el visto bueno del Parlamento, lo que significa que todas aquellas normas que no estén muy avanzadas en su proceso de aprobación están condenadas a esperar mejores tiempos en un cajón.

Hay incluso pactos trascendentales comprometidos hace tres años por Pedro Antonio Sánchez en su debate de investidura, como los de educación, contra la pobreza e incluso el de agua, a pesar de que éste está prácticamente consensuado con todas las fuerzas políticas, que siguen inéditos.

Es posible que ni siquiera dé tiempo a implantar la supresión de los aforamientos, una reforma estatutaria también anunciada por Sánchez y aprobada por unanimidad en la Cámara pero que sigue estancada en el Congreso de los Diputados.

Un nutrido paquete de leyes comprometidas durante los dos años de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia siguen en el tintero: la de coordinación de policías locales, contra la violencia de género (pendiente de un pacto regional que se está negociando), la de garantía de los derechos de los discapacitados (que ya en 2016 estaba en fase de consultas), la de actividades feriales, la del juego, la de universidades, la de mecenazgo y la de servicios sociales, quizás la que más posibilidades tiene de ver la luz en los próximos meses.

El PP pecó de optimista al inicio de la legislatura y no fue capaz de prever, aunque era fácil hacerlo, que la pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea condicionaría la ejecución de su programa. Tampoco contaba con que su primer presidente tuviera que dimitir por su imputación en varias causas judiciales, lo que afectó a la actividad legislativa y ejecutiva durante varios meses.

Todo ello obligó al sucesor, Fernando López Miras, a seleccionar y priorizar, y también a refrenar sus promesas tras la lección aprendida con su predecesor. Si bien varios de los proyectos de ley anunciados por él lo más probable es que tampoco lleguen a ver la luz antes de que se disuelva la Asamblea Regional. 

En el debate de su investidura, López Miras llegó a hablar de una ley integral de protección del Mar Menor, que al final se quedó en una más limitada con medidas urgentes para atajar la degradación de la laguna salada. La ley integral de apoyo a la familia está avanzada, al igual que la segunda ley de simplificación administrativa, y hay esperanzas de que prosperen, también la que ordenará el sector de las ITV, pero la de espectáculos públicos, en cambio lo tendrá muy complicado.

A pesar de las circunstancias adversas con que se topó, y de sus propios errores por no haber sabido verlas venir o no haber querido combatirlas, en el haber del Gobierno autónomo hay asuntos importantes, aunque insuficientes para certificar el apelativo de la «más reformista de la historia» con que Sánchez tildó la legislatura el día de su nacimiento.

Se ha reactivado el crecimiento económico y la creación de empleo; ha reducido las listas de espera en dependencia; ha bajado el impuesto de sucesiones, pero no el IRPF, como prometió en 2015; ha mejorado la renta básica de inserción, y aprobado leyes como la de simplificación administrativa, la de participación institucional, la de accesibilidad universal y la de puertos; también se han experimentado avances en transparencia y buen gobierno, aunque la ley del Estatuto del Cargo Público sigue en el cajón; y se ha ampliado la oferta de FP dual y de la enseñanza bilingüe.

El debate sobre el estado de la Región, fijado para los días 12 y 13 de junio, será el examen final parlamentario para el Ejecutivo popular. A partir de ahí, las elecciones autonómicas de mayo del próximo año empezarán a imponer su ley.



(*) Periodista


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