De nuevo
entramos en una semana llena de incertidumbres que no van a
resolverse hasta el jueves. Será en el momento en que se voten los
Presupuestos Generales del Estado. ¿Mantendrá el PNV su apoyo a los
mismos pese a que el Gobierno ha acordado mantener vigente el
artículo 155 de la Constitución?
El
Gobierno confía en el compromiso que anunció el portavoz del PNV en el
Congreso, Aitor Esteban, el pasado día 25 de que su partido había
llegado a un pacto con el Gobierno para subir todas las pensiones al
menos un 1,6% y vincular el incremento del próximo año al IPC. Además,
también anunció que el pacto incluía el retraso hasta el 2023 del Factor
de Sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida. Cuando entre en
vigor, supondrá un recorte en la percepción de las pensiones de los
nuevos jubilados.
Con ocasión del debate en la Comisión del Congreso de los Diputados
de los Presupuestos la pasada semana, las enmiendas se han incluido al
proyecto, por supuesto con el voto del PNV, y sin advertencia alguna de
que no vayan a actuar así dentro de tres días.
La incertidumbre surge ahora porque se daba por hecho que esta semana
dejaría de estar en vigor el artículo 155 una vez que se constituyera
el Gobierno de la Generalitat. La inclusión por parte del presidente de
la Generalitat, en una actitud desafiante, de 4 consejeros que están en
la cárcel o huidos en el extranjero añade otra incertidumbre más a la ya
compleja situación catalana.
El Gobierno, con el apoyo del primer partido de la oposición, el
PSOE, y de su socio de legislatura, Ciudadanos, ha decidido mantener la
aplicación del artículo 155. El PNV todavía no ha respondido a esta
nueva circunstancia. Pero la incertidumbre no es buena para nadie.
Veremos la respuesta oficial de la Generalitat a la comunicación
oficial del Gobierno anunciando que no publicaría el decreto de los
nombres de los nuevos consejeros.
Según el escrito del Gobierno redactado por el subsecretario del
Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
José María Jover, y enviado al secretario del Govern de la Generalitat,
Víctor Cullel, le recuerda que no puede publicar el decreto de
nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra porque está
estudiando la viabilidad del mismo. Le recuerda que, sin su
autorización, ese acuerdo carece de validez y efecto.
Lo dice porque Torra pretende que Jordi Turull sea consejero de
Presidencia, Josep Rull de Territorio y Sostenibilidad, Antoni Comin de
Salud, y Luis Puig de Cultura, que están en la cárcel o en el exilio.
La respuesta del presidente de la Generalitat deja una puerta abierta
a creer que va a aceptar la legalidad; aunque solo sea porque no quiere
acabar como su predecesor, huido o en la cárcel.
Es cierto que ha respondido inicialmente reivindicando el derecho del
presidente de la Generalitat a nombrar a los consellers, en unas
declaraciones realizadas este mismo domingo en un acto celebrado en
Vilafranca del Penedés.
Pero también parece que no está dispuesto a generarse más problemas a
sí mismo. Por ello Torra ha descartado, en esta ocasión en
declaraciones al ‘El Punt-Avui’, acudir a Bélgica o a la cárcel para
hacer que los exconsellers tomen posesión, pues su "autoridad" como
‘president’ se ciñe a "dentro de la jurisdicción catalana".
Las espadas quedan en alto. Pero todo apunta a que las decisiones de
Quim Torra estarán dirigidas en las próximas semanas a preservar su
libertad. Las declaraciones tratarán de tensar la situación y movilizar a
los nacionalistas, pero los hechos serán otros, respetar la ley.
(*) Periodista
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