MADRID.- El escándalo del carnicero de Mercadona amenaza con liquidar la estabilidad política del gobierno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), a juicio de Economía Digital.
Los malos tratos de la empresa Incarlopsa, fabricante cárnico de Mercadona, motivó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
que condenó al gobierno de García-Page por perseguir a los funcionarios
que denunciaron maltrato animal en el mayor matadero de la región y uno
de los mayores de España.
Ahora, las consecuencias políticas del caso amenazan al gobierno castellano-manchego. El diputado de Podemos David Llorente ha abierto la caja de los truenos en el ejecutivo de la región al solicitar una consulta de bases para decidir la salida de Podemos del gobierno de Page.
Llorente, representante del ala crítica del partido, cuestiona el
funcionamiento del gobierno socialista tras ser condenado por otorgar un
trato de favor a Incarlopsa, la mayor empresa en facturación de la
comunidad autónoma. García-Page ha defendido a la cárnica de forma
contundente, a pesar de la sentencia judicial en su contra por haber sacrificado cerdos sin sedación, tal como exige la ley.
Brecha en Podemos
“He decidido abrir un debate y compartir la reflexión públicamente al
lanzar esta propuesta. No tenemos por qué participar en un gobierno que
apoya la instalación de macro-granjas en la región, que tantos
problemas ocasionan en los pueblos y, más aún, cuando hay una sentencia
contra el gobierno por perseguir a los funcionarios públicos que
denunciaron las irregularidades. Es necesaria esta consulta”, explicó a
este medio el diputado de Podemos.
Llorente se opuso abiertamente a que el partido entrase en el
ejecutivo de García-Page en verano del año pasado. Este diputado es
partidario de dar apoyos puntuales al PSOE, aunque rechaza de forma
frontal permitir un regreso del PP al gobierno.
Podemos es clave en la gobernabilidad de Castilla-La Mancha, ya que
el PSOE necesita a sus dos diputados para aprobar las iniciativas
parlamentarias que tengan el rechazo del Partido Popular. Si uno de los
diputados tuerce su voto, el suelo político se desmoronaría en los pies
del barón socialista.
La postura de David Llorente contrasta con la posición oficial de
Podemos, que promovió una consulta en verano pasado para entrar en el
gobierno castellano-manchego, donde el sí obtuvo una amplia mayoría.
Tras la decisión, el equipo de García-Page entregó la segunda vicepresidencia del gobierno al podemita José García Molina, que renunció al acta de diputado para entrar en el gobierno regional.
Economía Digital se ha puesto en contacto con el equipo de José
García Molina para conocer su posicionamiento ante las críticas surgidas
a raíz de la sentencia judicial que acusa al gobierno regional de dar
un trato de favor a una empresa que cometió irregularidades y de
perseguir y acosar a los funcionarios que las denunciaron.
El vicepresidente segundo no ha querido contestar las llamadas de
este medio. Desde su equipo consideran que la posición del diputado
crítico David Llorente no se corresponde con la corriente mayoritaria
del partido. Pero, en el seno del parlamento regional, un diputado de
Podemos supone la mitad de su grupo parlamentario.
Llorente ha votado hasta ahora siempre de forma coordinada con la
diputada que representa la corriente oficial del partido y nunca ha roto
la llamada "disciplina de voto".
Pero ya ha mostrado sus discrepancias
con la ley de mecenazgo que intenta impulsar García-Page y que levanta
también suspicacias en el Partido Popular. Esa votación podría suponer
un cambio de rumbo.
La ley pretende dar cobijo legal a las donaciones de empresas privadas al gobierno autonómico a través de la Fundación Impulsa, una asociación cuya transparencia ha sido puesta en duda tanto por Podemos como por el PP.
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