MURCIA.- Las Marchas de la Dignidad, la coordinadora
murciana de ONGD, Amnistía Internacional, Greenpeace y otros colectivos
como la Plataforma Pro-Soterramiento o la de Afectados por la Hipoteca
(PAH) participarán este sábado, a las 18.00 horas, en una manifestación
frente a la Delegación del Gobierno para protestar contra los "abusos" de la Ley Mordaza, así como para pedir su derogación.
Y es que, ha acentuado el portavoz de
Marchas por la Dignidad, Ginés Fernández, "es una ley que vulnera los
derechos humanos", además, ha acentuado la tuitera Cassandra Vera, que apoyará también la concentración, "sirve de rodillo contra la libertad de expresión y cualquier libertad en este país".
De
hecho, Cassandra Vera fue condenada a un año de prisión por la
Audiencia Nacional, por un delito de humillación a las víctimas del
terrorismo, por el contenido de 12 mensajes publicados en Twitter,
relativos al atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco y que
recientemente ha sido absuelta por el Tribunal Supremo.
A
su juicio, "no habría que conformarse con ello, esto no debería pasar
jamás y habría que evitar estas persecuciones", criticando que en la
Región "se estén poniendo multas por luchar contra algo prometido, como
es el soterramiento del AVE".
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el cura Joaquín Sánchez ha asegurado que esta ley es "franquista e
impide la dignidad del ser humano" y ha lamentado que se haya dotado al
delegado del Gobierno "de una capacidad sancionadora administrativa".
Tras asegurar que están preocupados y que sienten miedo,
ha subrayado que "no nos va a amedrentar para seguir en la lucha por un
mundo más humano, justo y libre" en el que "los políticos sean
servidores de los ciudadanos y no de los poderes económicos y
financieros".
El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha destacado, por su parte, que los vecinos llevan ya entre 40 y 50.000 euros en multas
por protestar en las vías, opinando que "lo que estamos viviendo en
Murcia es una regresión de los derechos civiles, asistiendo a la
eliminación de los derechos humanos".
Contreras ha asegurado echar en falta al anterior delegado del Gobierno,
Antonio Sánchez-Solís, "que se jugó el puesto por no aplicar la Ley
Mordaza a rajatabla por orden del ministro de Fomento que vino y puso
firme a todos. El Gobierno regional, quiso hacerlo con toda la sociedad
murciana y se quitó de en medio a quien quería hacer compatible que
hubiera derecho y que se aplicara la ley que controla la libertad de
expresión y manifestación".
Por
lo que, en su opinión, la llegada de Francisco Bernabé "ha supuesto un
escalón a lo más profundo de la degradación de los derechos civiles",
parece mentira que un profesional del Derecho "haya llegado a estos
límites", haciendo mención al hecho de que los policías fueran hoy
armados con metralletas y fusiles "que pone los pelos de punta a
cualquier ser humano".
"Se está
llevando a cabo es una campaña de culpabilización y criminalización de
los ciudadanos y desacreditación de una plataforma que lleva casi 30
años de historia a la espalda" que "nunca ha tenido episodios que puedan
justificar la represión que ahora mismo se está ejercicio sobre ésta",
criticando que "se estén utilizando los servicios públicos, en este caso
los policías, en defensa de proyectos de empresas privadas".
"El
objetivo es amedrentar, que la gente se quede en su casa y nos
convirtamos en ciudadanos sumisos", ha apostillado Contreras, y lo que
está ocurriendo en Murcia con la Plataforma pro-Soterramiento, hipotecas
y los pensionistas "es el despertar de la sociedad civil y que va a
suponer que se le acabe el chollo, la época del orden y mando, a todo
tipo de gobierno, del signo que sea".
Estas
organizaciones apoyarán también la manifestación convocada por los
sindicatos el sábado por la mañana en defensa del sistema público de
pensiones.
La ley en datos
Según
los últimos datos del Ministerio del Interior, en 18 meses el Estado ha
recaudado 131 millones de euros, las multas por desobediencia o la
resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse o la alegación
de datos falsos o inexactos en los profesos de identificación ascienden a
10,1 millones.
Desde estas
organizaciones llaman la atención sobre el importante aumento del número
de sanciones de 2015 a 2016 por faltas de respeto y consideración a
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el primer
motivo de sanción referente, pasando de las 3.130 multas en los primeros
seis meses de su entrada en vigor a las 19.497 interpuestas en 2016,
por un importe de 3 millones.
En total se han impuesto 22.627 multas por
valor de 3,47 millones.
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