LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria
Martín, ha denunciado que desde 2012 el Ayuntamiento de Lorca no está
cobrando el preceptivo canon a las empresas que explotan canteras en los
montes públicos del municipio.
Martín ha exigido que se dé a conocer la
cuantía que han dejado de percibir las arcas municipales por el
aprovechamiento de las canteras ubicadas en el monte de Santa Cruz, la
tala de Benito, el estrecho de Almirez y el barranco de Las Loberas,
todas en la diputación de Zarcilla de Ramos.
El canon de aprovechamiento
anual está fijado en una media de 21,18 euros por metro cúbico
extraído. El 15% de lo ingresado por este concepto ha de ser reinvertido
en el mantenimiento de los montes públicos y el restante 85% debe ser
ingresado en las arcas municipales.
El problema
surgió tras caducar los títulos justificativos de las explotaciones y no
tramitarse nuevas concesiones administrativas por parte de la Comunidad
Autónoma, por lo que, desde hace un lustro, la actividad extractiva es
ilegal y gratuita para esas empresas que no han ingresado dinero alguno
por extraer materia prima de suelo municipal.
Por
ello, Martín ha solicitado el cese cautelar de la actividad hasta su
regularización, al tiempo que ha vuelto a exigir la convocatoria urgente
de la comisión municipal de control sobre esta cuestión, que se ha
reunido una única vez -con motivo de su constitución- sin que nunca
hayan llegado a hacerse públicos el censo de canteras, los datos sobre
cantidades extraídas, su impacto sobre el medio ambiente o la riqueza
que genera para el municipio.
A todo ello hay que
añadir el deterioro sin control de los montes públicos. Por ello, Martín
pidió la realización de una investigación sobre los incumplimientos
referidos a restauración medioambiental de las zonas explotadas para que
se exijan las responsabilidades oportunas a las empresas.
"Se está
esquilmando el patrimonio paisajístico y natural del municipio sin que
el Ayuntamiento perciba compensación alguna y sin que ni siquiera se
acometan planes de reforestación y de recuperación ambiental a los que
están obligadas por ley", dijo.
En ese sentido, la
concejala de IU-Verdes también abogó porque se suscriban nuevos
convenios con las empresas explotadoras la mayoría foráneas que
incorporen cláusulas de responsabilidad social por la cual éstas
contribuyan al desarrollo económico y social en las zonas donde
desarrollan su actividad.
Martín citó como ejemplo
el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) que ha firmado un convenio por el
que el 1,5 por ciento de los beneficios de la producción bruta anual de
una cantera ubicada en suelo municipal se destina a infraestructuras
públicas.
Lo mismo sucede en los municipios de Porreres y Montuiri
(Baleares) y en otros lugares del país. Lorca, sin embargo, ni siquiera
cuenta con una báscula municipal que certifique la cantidad de mineral
extraído, que IU-Verdes también reivindica para poder calcular "sin
ninguna sombra de duda" la compensación que debe percibir el
Ayuntamiento.
Autorizaciones ambientales en tela de juicio
Gloria
Martín también mostró el rechazo de su formación política a la
ampliación de una cantera de materiales calizos en el monte consorciado
Venta Osete, en la diputación de La Paca.
En la propia declaración de
impacto ambiental emitida por la Dirección General de Medio Ambiente se
reconoce que la empresa murciana responsable presenta un plan de
restauración ambiental insuficiente y ni siquiera ha cumplido la
restauración integral de la fase de la cantera en la que ya han
finalizado las labores extractivas (sólo pretende repoblar 8 de 28
hectáreas).
Una ampliación que, además, afecta al perímetro de
protección del yacimiento conocido como Cerro de la Paca, donde se
encuentran representados materiales del Jurásico Inferior y Medio con
formaciones de calizas y margocalizas que han proporcionado un abundante
contenido fósil.
En el ámbito geográfico en el que está proyectada la
actuación extractiva se han identificado hábitats de interés comunitario
y especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida, además de ser un área potencial de distribución de la tortuga
mora.
Por si fuera poco, también se reconoce una
posible "situación irregular" de este monte pues aunque existe
resolución de la rescisión del consorcio, "no hay constancia de abono
del precio de dicha rescisión por lo que puede que no sea efectiva".
Aunque
la Dirección General de Medio Ambiente hace depender la aprobación
definitiva del proyecto a la incorporación de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias, para Martín, es un hecho que la
Administración autonómica es "experta" en hacer "la vista gorda" ante
los flagrantes incumplimientos de lo dictaminado en declaraciones de
impacto ambiental en toda la geografía de la Región y también en Lorca.
Esto es así, a juicio de Martín, porque el Partido Popular y la
preservación del medio natural son dos conceptos "incompatibles".
"Para
ellos, cualquier metro cuadrado de tierra es susceptible de ser
exprimido hasta el agotamiento porque lo que priman son los intereses
económicos en detrimento de los derechos ambientales", concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario