MADRID.- Mariano Rajoy ha convocado a los dirigentes territoriales del PP a una
reunión el próximo lunes en Génova, sede central del partido, en un
evidente intento para frenar el nerviosismo por el avance de Ciudadanos
que lleva días traduciéndose en titulares de prensa. La gota que ha
colmado el vaso ha sido el barómetro de enero del CIS que consolida al
partido de Albert Rivera como tercera fuerza política y que arroja un
empate técnico entre las tres principales formaciones –PP, PSOE y C’s-
en voto directo.
El CIS sitúa al partido naranja a solo cinco puntos del PP, que desde
octubre de 2017 ha perdido dos puntos. La encuesta es la primera que se
realiza tras las elecciones catalanas de diciembre, en las que los
‘populares’ sufrieron una estrepitosa derrota, quedándose con tan solo
cuatro diputados en el Parlament.
De hecho, también es el primer sondeo del Centro de Investigaciones
Sociológicas con intención de voto desde que Rajoy respondió a la
declaración unilateral de independencia con la aplicación del artículo
155 de la Constitución y es la primera vez que no rentabiliza
electoralmente la actitud de firmeza frente al soberanismo. Baste
recordar que en 2008, la recogida de firmas por toda España contra el
Estatut le sirvió para que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero no
tuviera mayoría absoluta.
Otro asunto pendiente que sin duda plantearán los barones es el nuevo
modelo de financiación autonómica, que tenía que haber estado listo a
finales del año pasado y que sigue retrasándose, pese a que solo queda
un año para las elecciones municipales y autonómicas. La financiación es
motivo de indignación contra Cristóbal Montoro, el ministro responsable
de su negociación.
Pero, además, los ‘barones’ del PP también echan en falta el impulso
político que, según muchos de ellos, le falta a este Ejecutivo, cuya
agenda depende de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, en beneficio de
las soluciones “técnicas” a los problemas. Es el caso de la crisis
catalana, en la que la respuesta del Estado se ha delegado en los
jueces, supliendo así la falta de iniciativa del Gobierno.
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