CARTAGENA.- Ante la información publicada hoy por el diario
La Verdad, en la que se asegura que la titular del Juzgado de
Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha citado a declarar como
investigados a cuatro exediles del PP de Cartagena y ha pedido que la
senadora popular, Pilar Barreiro, se persone en la causa por los viajes
pagados por la concesionaria del agua, Hidrogea, y por si favorecieron
con sus decisiones a esta empresa.
El portavoz de Ciudadanos en
Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado hoy que "si no fuera suficiente
la declaración que tendrá que hacer la señora Barreiro ante el Supremo
con motivo de su implicación en el caso 'Púnica', ahora tenemos otro
caso de corrupción en el que tendría que declarar si no estuviera
protegida por el aforamiento".
Manuel Padín no entiende "qué está
esperando el PP para pedirle a la senadora que deje su acta, no es
solamente que se comprometiera a hacerlo con Ciudadanos en el pacto de
investidura de 2016, sino que es el propio PP el que debería tomar esa
determinación y dejar de arrastrar los pies con la corrupción como está
haciendo de nuevo; tal y como ocurrió con casos parecidos que todos
tenemos en la memoria, esta señora debe aclarar su situación judicial y
apartarse del cargo público que ocupa hasta que se resuelva la causa".
"Si se demuestra la relación entre los viajes de placer con las
decisiones que se toman en relación a Hidrogea estaremos ante un nuevo
caso de corrupción política del Partido Popular en Cartagena, y eso
sería algo "imperdonable e indecente", ha señalado el portavoz de C's.
En cuanto a la prórroga del contrato, el portavoz de la formación
naranja ha vuelto a insistir, en que "si se confirma que ha existido un
delito penal, creemos que se darán las condiciones para anular un
contrato y una prórroga con la que tampoco estamos de acuerdo, seremos
los primeros en pedirlo, pero mientras tanto, lamentablemente, tenemos
que seguir en los mismos términos porque los informes jurídicos
municipales así lo aconsejan y porque los informes económicos alertan de
que una anulación precipitada haría que el Ayuntamiento tuviera que
devolver, como mínimo, 13 millones de euros del adelanto de Hidrogea, y
muchos más en concepto de reclamación, por lo que la prudencia, la ley, y
la salud económica de nuestras arcas nos gritan que esperemos a la
resolución judicial y seamos responsables".
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