MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo
(OPE) 2017. Esta decisión permitiría a dicha asociación pedir la
suspensión cautelar de la convocatoria ante el Alto Tribunal, dejando en
el aire la celebración de los primeros examenes de la OPE, en el caso de que fuera aceptada, según Redacción Médica.
El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado que el Supremo ha admitido la causa en la que la asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos, la gran mayoría de ellos procedentes del sector sanitario, contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.
El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado que el Supremo ha admitido la causa en la que la asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos, la gran mayoría de ellos procedentes del sector sanitario, contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.
"No contempla una diferencia de rango entre un interino y una persona que acceda de fuera"
Precisamente, Martos denuncia ante Redacción Médica que la OPE nacional en sanidad “no
contempla una diferencia de rango entre un interino y una persona que
acceda de fuera”, lo que supondría un “perjuicio para este personal”.
“Entendemos incluso necesario pedir la paralización de la convocatoria
de empleo público si no se reformula el artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado, que es el que da pie a la celebración de la OPE”, reafirma el presidente de la asociación.
En este sentido, la admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo permite al colectivo pedir la paralización de la OPE y las diferentes convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Por el momento, Martos se muestra cauto y prefiere esperar para “ver que contestan los sindicatos y la administración pública a raíz de nuestra denuncia”. En el caso de no recibir una respuesta favorable, el presidente de ANIL afirma que procederá a pedir la paralización de la convocatoria al Supremo, que será en definitiva el que tenga la última palabra sobre la misma.
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia.
Según explica el propio Martos, la actual situación es producto del "acuerdo de estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 350.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según Martos, si la denuncia prospera “el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200.000.000 euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado”.
En este sentido, la admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo permite al colectivo pedir la paralización de la OPE y las diferentes convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
Por el momento, Martos se muestra cauto y prefiere esperar para “ver que contestan los sindicatos y la administración pública a raíz de nuestra denuncia”. En el caso de no recibir una respuesta favorable, el presidente de ANIL afirma que procederá a pedir la paralización de la convocatoria al Supremo, que será en definitiva el que tenga la última palabra sobre la misma.
Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.
Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia.
Según explica el propio Martos, la actual situación es producto del "acuerdo de estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 350.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos.
Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.
Según Martos, si la denuncia prospera “el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200.000.000 euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado”.
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