LORCA.- Izquierda Unida-Verdes Lorca ha exigido al equipo de Gobierno local
del PP que ponga a disposición de los afectados por la devolución de las
ayudas de la CARM por los terremotos "todos los recursos técnicos que
sean necesarios" para asesorar a estos vecinos.
La concejala Gloria Martín calificó de "falsas" las declaraciones del
alcalde, Fulgencio Gil, en las que éste asegura que el Ayuntamiento ha
puesto todos los medios técnicos y jurídicos precisos para atender a los
afectados.
"Sólo hace falta darse una vuelta por la Oficina del
Terremoto para ver que están absolutamente desbordados y que allí reina
el caos", aseguró Martín. La edil de IU-Verdes explicó que los afectados
se ven obligados a guardar cola a la intemperie desde las siete de la
mañana para obtener número y que muchos "tienen que volverse a casa, día
tras día, sin ser atendidos por falta de personal en dicha oficina".
Hay afectados que llevan desde el viernes pasado intentando que les
presten asesoramiento. "Madrugan, cogen número y, tras esperar, les
dicen que no se les puede atender porque quien debe recibirles está en
una reunión o atendiendo otros asuntos", dijo.
Martín también aludió al reconocimiento público que ha hecho el
alcalde respecto a que existen "ayudas prescritas", algo que IU-Verdes
lleva denunciando desde junio pasado. "Si lo sabe, qué hace que no está
reclamando a la CARM que dichos expedientes sean archivados en
cumplimiento de la Ley", se preguntó.
La concejala de IU-Verdes explicó que su formación política ha
ayudado ya a 226 familias a redactar alegaciones ante los requerimientos
de la CARM para que devuelvan las ayudas concedidas hace casi siete
años para hacer frente a la rehabilitación de sus viviendas, dañadas por
los terremotos de mayo de 2011.
"A pesar de las insidias del PP, en IU
contamos con el asesoramiento de nuestro gabinete jurídico, formado por
expertos profesionales del Derecho, y también con la supervisión externa
de un letrado especializado en lo contencioso-administrativo, "como
bien saben los afectados que nos han acompañado en esas consultas",
aseguró Martín.
La edil aseguró que se sienten "emocionalmente sobrepasados" por la
diferente casuística de los afectados.
"Procuramos atenderles con la
mayor sensibilidad porque nos encontramos desde familias que deben
tramitar procesos relativos a sus padres, fallecidos, hasta vecinos en
paro y sin recursos para afrontar unas devoluciones injustas y
extemporáneas", explicó.
"Hay afectados de avanzada edad que han tenido
que ser atendidos por crisis de ansiedad cuando han recibido las cartas,
otros se derrumban en nuestra oficina ante la impotencia de no saber
cómo afrontar estos requerimientos", abundó Martín.
Por ello, desde Izquierda Unida exigen que se aplique, de manera
inmediata, la solución política acordada en el Pleno de septiembre en el
que se aprobó, por unanimidad, una moción de dicha formación en este
sentido.
"El decreto que regula las ayudas dice que éstas se pueden
justificar con informes técnicos donde se corrobore que las obras de
reparación han sido realizadas", explicó el portavoz del Grupo Municipal
de IU-Verdes, Pedro Sosa. Además, "nos consta que los funcionarios de
la CARM están deseando que los políticos les den instrucciones para que
puedan empezar a aplicar esta medida", aseguró para, a continuación,
preguntarse "¿A qué esperan el alcalde y el presidente autonómico, ambos
lorquinos, para solucionar este desastre?".
Al respecto, Sosa recordó
que, tras los terremotos, dirigentes regionales y locales del PP, como
Válcarcel o el ex alcalde Francisco Jódar, "prometieron el oro y el moro
a los damnificados" y que después "han dado la espantada" dejando a
sucesores "nombrados a dedo" que no han sido capaces de enmendar la
caótica gestión relativa a las ayudas. Sosa también recordó que mientras
la CARM exige la devolución de las ayudas "aún debe más de un millón de
euros a los lorquinos en conceptos de alquileres".
En ese sentido, Sosa y Martín consideración "indecente" este retraso
mientras la CARM exige a los afectados la devolución de las subvenciones
con intereses de demora del 3,75% más el recargo del 25% que establece
la ley.
"Han convertido una ayuda pública en un préstamo con más dificultades
para devolver que si los afectados hubieran solicitado un crédito a su
banco", concluyeron Sosa y Martín.
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