MADRID.- Las posiciones de los barones ante la batalla de la reforma
del sistema de financiación autonómica se van clarificando. Son
mayoritarios los que pretenden que el Estado les perdone o alivie la
deuda en la línea propuesta por el líder del PSC, Miquel Iceta, y que
vascos y navarros paguen más que hasta ahora al sistema.
La mayoría de las comunidades autónomas reclama al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabar con "el privilegio" del País Vasco y Navarra
forzándolas a aportar más, y pide que el Estado perdone deuda
autonómica al resto, según las cartas remitidas al Ministerio a las que
ha tenido acceso El Mundo.
Aunque el Partido Popular y el PSOE votaron a favor de la Ley del Cupo vasco en el Congreso de los Diputados,
existe un clamor en contra en las comunidades que gobiernan ambos
partidos. Trece gobiernos autonómicos se pronuncian en la documentación
remitida a Hacienda a favor de que vascos y navarros "aporten a la
solidaridad". Son todas las comunidades menos Cataluña -que no participa en la negociación por ahora-, las dos comunidades forales y Canarias.
Los
gobiernos autonómicos no cuestionan el derecho constitucional a que
tengan régimen foral, pero sí que eso se traduzca en nula aportación a
la solidaridad territorial.
La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero,
ha remitido su "valoración" sobre cómo debe ser el nuevo sistema de
financiación a partir del informe del comité de expertos y se pronuncia
así sobre País Vasco y Navarra: "Respecto a las comunidades forales, la Comunidad Autónoma de Andalucía
se muestra conforme con la propuesta realizada en el Informe de
Expertos dirigida a abordar un recálculo del Cupo vasco y de la
aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos
forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".
Para
la Junta de Castilla y León, "esta situación provoca perjuicios" al
resto de comunidades. "El sesgo a favor de las Haciendas forales
disminuye los ingresos del Estado y, como consecuencia, el Estado ve
reducidos los recursos financieros de que dispone, lo que le impide
incrementar la financiación a las comunidades autónomas de régimen común
(...) y se producen situaciones de competencia fiscal desleal". Para el
equipo de la consejera castellano-leonesa, Pilar del Olmo
(PP), "es necesario abordar esta cuestión en la reforma del sistema de
financiación autonómica". El Gobierno cántabro reproduce literalmente la
posición de Castilla y León.
También el informe remitido por el socialista valenciano Vicent Soler
se pronuncia en parecidos términos: "Los datos confirman que las
condiciones en las que desempeñan sus funciones las comunidades comunes y
forales son muy distintas, disfrutando las segundas de una financiación
privilegiada o padeciendo las primeras una gravísima
infrafinanciación".
Los consejeros socialistas de Aragón, Asturias, Extremadura o Baleares o los de Madrid o Murcia
del PP, coinciden en que "las comunidades forales deberían participar
en la nivelación interterritorial mediante una aportación al nuevo
sistema". La Xunta de Galicia y el Gobierno riojano reclaman transparencia en el cálculo del Cupo y el de Castilla-La Mancha
destaca que "la desigualdad en términos de financiación por habitante
con respecto a las Comunidades Forales, quiebran el principio de
igualdad de acceso a los servicios públicos del conjunto de
comunidades".
El Estado va a tener que afrontar quitas
de deuda autonómica o, al menos, "reestructuración", es decir que
rebajar los tipos y alargar plazos de devolución, si Montoro se pliega a
la amplia mayoría que defiende un alivio de su endeudamiento. Entre las
más resueltas en favor de la quita figuran la Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla-La Mancha a la espera de la nueva Generalitat de Cataluña
que es la que más necesita la condonación.
Otras, como la Junta de
Andalucía también se apuntan a la quita de este modo: "Si en algún
momento se optase por la propuesta basada en la condonación, la
Comunidad Autónoma de Andalucía consideraría adecuado un mecanismo
generalizable a todas las CCAA (...) ponderando adecuadamente los
esfuerzos previos de consolidación fiscal y gasto primario por
habitante".
También Murcia suscribe, pero cree que "el
procedimiento de reducción de deuda ha de efectuarse de manera objetiva y
transparente y con un criterio que evite el problema de riesgo moral,
excluyendo la parte de la deuda autonómica acumulada por una mayor
propensión relativa al gasto, afectando sólo a la parte debida a la
infrafinanciación del sistema. Además, debe ir acompañada de una fuerte
condicionalidad". Canarias admite la quita siempre que "no suponga un
perjuicio en modo alguno para aquellas que incrementaron su
endeudamiento en menor medida".
Para Aragón, la condonación "no parece,
de entrada, la mejor alternativa, pero pudiera ser aceptable en el buen
entendimiento de que se trata de un instrumento de nivelación vertical y
no de un fin u objetivo en sí mismo". La Junta de Castilla y León
también sostiene que pueda haber quitas si todas las comunidades se
benefician. El conjunto de las CCAA adeudan al Estado actualmente más de
157.000 millones. Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha
son las más endeudadas con el Tesoro.
Al otro extremo de
las peticiones de alivio se colocan la Xunta de Galicia y la Junta de
Extremadura, claramente contrarias a las condonaciones. También la
consejera de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo,
aunque ésta añade, al igual que Asturias, el matiz de que, si hay
quitas, deberá haber dinero por otra vía para los no endeudados: "Si se
incluyera cualquier tipo de actuación relacionada con la deuda
autonómica o con los mecanismos adicionales de financiación [FLA] habría
que compensar a las regiones como Madrid que han cumplido en mayor
grado y que, por tanto, han hecho un menor uso de los citados
mecanismos».
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