Cada año
escapan a las haciendas públicas de todo el mundo unos 350.000
millones de euros por culpa de los paraísos , según el investigador
francés de la Universidad de Beckley (California), Gabriel Zucman. Solo
los países de la Unión Europea dejan de ingresar unos 120.000
millones de euros por estas operaciones realizadas a través de los
conocidos como paraísos fiscales., incluyendo Andora. Pero los
gobiernos de los países afectados hacen poco o muy poco para acabar
con ellos.
La
Hacienda española dejaría de ingresar unos 16.000 millones. Pese a
ello, el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Economía y
Hacienda de la UE ha sido muy pobre. Se han limitado a publicar una
lista negra con los 17 países que menos colaboran en la persecución de
estas actividades a los que se les podrán imponer sanciones.
Andorra, el más próximo y pernicioso para España, pasa a una segunda
lista gris y se le da un año para aplicar los estándares europeos o
volverá a la lista negra. El ministro de Economía, Luis de Guindos,
considera que se podría hacer más.
Tampoco los recientes escándalos de evasión fiscal o de ‘optimización
fiscal’, como les gusta dulcificar la expresión a los expertos puestos
en evidenciar por los ‘Papeles del Paraíso’, han forzado una respuesta
más enérgica de la Unión Europea para tratar de afrontar este grave
problema económico y social.
Las cifras oficiales más completas sobre la evasión fiscal en el
mundo corresponden al 2012, según FMI. Ese año las transacciones
mundiales en paraísos fiscales alcanzaron los 5,5 billones de euros a
través de 4.000 bancos y dos millones de sociedades pantalla.
En cambio, tras meses de consultas e investigaciones, la principal
decisión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas ha sido la de
elaborar una lista de 17 países que no cumplen las normas acordadas de
buena gobernanza fiscal a los que se les podría imponer alguna sanción.
Es todo y no parece suficiente pese a que, a alguno de los países
incluidos en la lista negra, como es el caso de Panamá, la decisión les
ha parecido injusta e injustificable. Su presidente, Juan Carlos Varela,
incluso ha llamado a su embajador en Bruselas para evaluar las
pertinentes consultas. Estos países son Samoa Americana, Baréin,
Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia,
Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos
Árabes.
En una segunda lista han incluido otros 47 países comprometidos a
corregir las deficiencias de sus respectivos sistemas fiscales con el
objetivo de cumplir en los próximos meses con los criterios requeridos.
Andorra, tantas veces mencionada en casos vinculado con España, está
entre este segundo grupo de países.
De Guindos ha expresado su convicción de que Andorra hará lo
imposible para salir de esta lista y ajustarse a la buena gobernanza
medida por los criterios de transparencia fiscal, fiscalidad justa y
aplicación de las medidas acordadas por la OCDE. Sus palabras fueron que
“podría ser peor, podría estar en la lista negra, y podría ser mejor,
podría estar en la blanca. Nuestro deseo es que pase a la lista blanca y
todos estamos de acuerdo en que las autoridades andorranas van a hacer
lo posible y lo imposible para dejar esta lista intermedia”.
Tienen de plazo todo el año que viene, como corresponde a un país
desarrollado. Los países en vías de desarrollo contarán con año
adicional, hasta finales del 2019 para ponerse a bien con las
instituciones comunitarias.
Pese a que el consejo de ministros ha querido dar relevancia
mediática a la decisión se trata de poco más que un listado. Desde este
mismo consejo ponen énfasis en que se trata de la primera vez que la
Unión Europea realiza un listado de estas características en el que se
incluyen las 17 jurisdicciones que no colaboran a efectos fiscales con
Europa y a las que se advierte de posibles sanciones.
También el Ejecutivo comunitario a través de su vicepresidente,
Valdis Dombrovskis, ha enfatizado que hubieran preferido medidas más
firmes. Pero, según fuentes del euro parlamento, se ha acabado
imponiendo el importante peso del lobby financiero ante las
instituciones comunitarias. A ellos les va mucho en su cuenta de
resultados. Del orden de una cuarta parte de sus beneficios.
Según denunciaba la ONG Oxfam a principios de año, las primeras 20
entidades financieras bajo la supervisión de la Autoridad Bancaria
Europea obtienen una cuarta parte de sus beneficios gracias a sus
negocios en países donde la fiscalidad es especialmente débil.
Los datos del 2015 revelan que los beneficios de los mismos en
paraísos fiscales o países de baja imposición al capital sumarían unos
25.000 millones de euros de beneficios, es decir, el 25 % de su
beneficio, lo que da lugar a que solo realizan un 12 % de su actividad
en los mismos con un 7 % de su personal.
Por eso la decisión del consejo de ministros de Economía de no
conceder financiación europea a entidades de los países incluidos en la
lista negra a través de los Fondos para el Desarrollo Sostenible, el
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas o del Banco Europeo de
Inversiones, pero en cambio sí poder hacerlo a través de inversiones
directas encaminadas a objetivos de desarrollo y sostenibilidad, se
asemeja difícil de entender. Es poco más que un juego de palabras con
riesgo de conducir a equívocos.
Los 4.000 bancos que en el mundo operan a través de estos paraísos
dormirán tranquilos. Pero las haciendas públicas de todo el mundo dejan
de ingresar miles de millones de euros por falta de coraje político.
(*) Periodista
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