MURCIA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez ha defendido que el
servicio de agua en los municipios sea recuperado como servicio público,
para garantizar el suministro a toda la ciudadanía y para evitar la
mala gestión que en muchos casos deriva en tramas de corrupción como es
el caso Pokemon.
La diputada regional y Secretaria de Medioambiente, Mundo Rural y
Marino de Podemos Región de Murcia, ha participado en las Jornadas
"Gestión del Ciclo Urbano del Agua: Retos y Propuestas" celebradas en
Alhama de Murcia y organizadas por la Fundación Nueva Cultura del Agua y
por Asociación Española de Operadores Publicos de Saneamiento y
Abastecimiento.
La diputada de Podemos, ha explicado que las jornadas han dado la
oportunidad a la ciudadanía de conocer de primera mano, con expertos en
la materia y representantes de las corporaciones municipales de
distintos lugares del país, como es el caso de Cartagena, Barcelona o
Valladolid, que nos han informado de los diferentes modelos de gestión
en torno al agua urbana; y se ha podido comprobar cómo "la gestión
directa, publica, democrática y participativa del agua, es mucho menos
costosa para la ciudadanía, además de aportar un plus de calidad en el
servicio a los municipios"
Giménez, ha señalado que en la Región de Murcia, prácticamente todos
los municipios tienen el servicio de agua privatizado y ha incidido en
la "opacidad y falta de transparencia con la que funciona la gestión
privada de un recurso que es considerado desde 2010 como un derecho
humano" y ha añadido que "sólo un 5% de la población regional es
abastecida por un sistema de gestión 100% público".
En este sentido Giménez ha resaltado que en la Región de Murcia
tenemos las tarifas de agua más caras de toda España y que "esto ha
permitido que las empresas del grupo Agbar, como Aquagest (ahora
denominada Hidrogea), presentes en empresas mixtas como Emuasa o Aguas
de Lorca, se hayan convertido en maquinarias de llevarse dinero público,
ahora insertas dentro del caso Pokemon la cual tiene tentáculos en
Murcia"
Así ha señalado que mientras que los ciudadanos "pagan el recibo del
agua, o se ven sometidos a cortes por no poder pagarla, las empresas
que gestionan el servicio podrían estar destinando "gran parte" de esos
recibos a "actuar como 'asociación ilícita' (como afirma la jueza De
Lara en su auto) y a pagar sobrecostes", por lo que "resulta inconcebible
que el derecho humano al agua como bien público esté manchado con la
trama de corrupción Pokemon, que ahora mismo inunda nuestro país".
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