MÁLAGA.-
Los inmigrantes argelinos trasladados desde Cartagena a la cárcel de
Archidona, habilitada como Centro de Internamiento de
Inmigrantes (CIE) provisional, demandan libertad a gritos e intentan
llamar la atención haciendo señales con camisetas y toallas desde el interior de los módulos.
Sus voces, según se ha podido comprobar, se han percibido este martes desde el exterior del centro penitenciario, al que empezaron a llegar durante la tarde del lunes.
El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, ha destacado que la decisión de usar esta prisión para acoger a los inmigrantes que han llegado en los últimos días es una decisión avalada por el poder judicial y, por tanto, no unilateral del Ejecutivo central.
Ha recordado que son siete los jueces que respaldan la medida de utilizar ese centro penitenciario -que aún no había entrado en funcionamiento tras su construcción- como lugar de acogida y que "la manera de proceder ha sido la más adecuada posible frente al escenario" actual.
Ha incidido en que el centro va a tener un uso determinado, pero que actualmente es la infraestructura que mejor se adapta a las necesidades de atender a los inmigrantes con garantías de habitabilidad y confort, y que es una decisión "absolutamente temporal y excepcional".
"Lo más razonable es entenderlo como un lugar adecuado y que, por tanto, responde a las necesidades que se han impuesto de manera muy inminente", ha señalado.
Ha destacado que el flujo migratorio hacia España ha aumentado de manera ostensible porque en lo que va de año la cifra ronda los 15.000 inmigrantes llegados a Andalucía, de ellos 1.899 a las costas malagueñas (50 de estos menores de edad) en 42 pateras.
El subdelegado ha recordado que la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y los profesionales sanitarios y jurídicos que ya se encuentran en el centro de Archidona es "incalculable".
Por su parte, la Abogacía Española ha manifestado su "más absoluta condena" por el ingreso en el Centro Penitenciario de Archidona de 464 inmigrantes llegados en patera a la costa de Murcia y ha exigido su "inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados".
En un comunicado, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha informado de que ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de los inmigrantes al Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga.
Además, ha recordado que los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".
El delegado de gobierno de Murcia, Francisco Benarbé, decidió ayer el traslado al centro penitenciario malagueño debido a que el CIE de la Región de Murcia, en Sangonera la Verde, se encuentra ocupado por personas procedentes de otros procesos migratorios, por lo que ha optado por no colapsarlo.
El PSOE ha calificado este martes de ilegal la decisión del Gobierno. En un comunicado, los socialistas han considerado la medida como una "auténtica barbaridad" y han asegurado que "vulnera derechos fundamentales".
En un comunicado, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha informado de que ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por el traslado de los inmigrantes al Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga.
Además, ha recordado que los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".
El delegado de gobierno de Murcia, Francisco Benarbé, decidió ayer el traslado al centro penitenciario malagueño debido a que el CIE de la Región de Murcia, en Sangonera la Verde, se encuentra ocupado por personas procedentes de otros procesos migratorios, por lo que ha optado por no colapsarlo.
El PSOE ha calificado este martes de ilegal la decisión del Gobierno. En un comunicado, los socialistas han considerado la medida como una "auténtica barbaridad" y han asegurado que "vulnera derechos fundamentales".
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