SEVILLA/MADRID.- Administraciones, organizaciones sindicales y sociales,
partidos de la oposición han
criticado la decisión del Ministerio del Interior de trasladar a la
cárcel de Archidona, aún sin inaugurar, a los inmigrantes llegados el
pasado fin de semana a las costas de la Región de Murcia. Una decisión
que, por otra parte, ha sido declarada por Interior como
"extraordinaria", ante el "colapso sufrido".
Así, el
vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, dijo que el
Gobierno andaluz coincide con la opinión manifestada por la
organizaciones de voluntariado y no cree que este centro malagueño sea el "lugar adecuado" para trasladar inmigrantes.
A
preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno, Jiménez Barrios defendió que el Gobierno central tiene que afrontar "en origen"
lo que está sucediendo ante la llegada de inmigrantes. "Ya avisábamos
de que se estaba produciendo esa avalancha y de que había que tomar
medidas en origen", indicó.
El número dos del Gobierno
andaluz, que explicó que el Ejecutivo central les informó del traslado
de los inmigrantes a la cárcel de Archidona, destacó que la Junta no
tiene competencias al respecto, "ni para el traslado, mantenimiento, ni
sustento". "Solo las tenemos con los menores no acompañados y no es el
caso", precisó.
Asimismo, Jiménez Barrios señaló que el
Gobierno central tiene que destinar más fondos a las comunidades para
sus competencias establecidas porque "con la actual insuficiencia financiera no es posible que esta avalancha se pueda atender en condiciones".
Por
su parte, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que
compareció junto al vicepresidente en la rueda de prensa, explicó que su
departamento trabaja con las ONG a través de proyectos concretos que
son subvencionados.
Si bien, insistió en la necesidad de
que el Gobierno de Rajoy asuma su responsabilidad y "alce la voz" en
Europa "para que la UE hable ya alto y claro sobre la situación que está
pasando, fruto de la realidad de los países de origen".
Según
defendió, el Gobierno de España tiene que poner más recursos y
plantearle a Europa que se tiene que comprometer "firmemente" en esta
situación, "pero no como lo ha hecho con los refugiados, donde ha tenido
una actuación invisible, mirando para otro lado, sino de manera eficaz y
efectiva".
La
sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias criticó este
martes "el grave retroceso en materia de derechos humanos" que supone
este internamiento, una decisión que calificó de "ilegal".
En un
comunicado, el sindicato sostuvo que la decisión del Ministerio del
Interior es una "flagrante vulneración de la legislación vigente"
obre derechos y libertades de los extranjeros en España, y añadió que
la retención de inmigrantes no tiene carácter penitenciario.
Según CCOO, "esta grave regresión en derechos fundamentales se sostiene por el pacto entre PP y Ciudadanos para avanzar en la privatización de servicios públicos esenciales como es el de las prisiones".
A
este respecto, recordó que en octubre de 2016 Ciudadanos defendió la
creación de módulos CIE dentro de las prisiones, "una propuesta ilegal
que solo puede tener como fin el aumento de los negocios privados con
las prisiones".
El sindicato exigió la "urgente
inauguración" del centro penitenciario Málaga II -como se denomina la
prisión de Archidona- para que se cumpla la Ley Orgánica General
Penitenciaria y la Constitución, que establecen un interno por celda y
el cumplimiento de las penas orientadas a la reeducación y reinserción
social, respectivamente.
Por otra parte, el sindicato de
prisiones Acaip denunció asimismo una "actuación deliberada" para
"engañar" o darle una información errónea a los juzgados de Almería y
Murcia sobre el centro de Archidona, al que autorizaban el traslado.
El
presidente de Acaip, José Luis Pascual, manifestó que en los autos de
los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán
internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de
la Jefatura Superior de Policía de Archidona, el cual "nunca ha
existido".
También el PSOE, Unidos Podemos y organizaciones sociales como el Servicio Jesuita a Migrantes, CEAR, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado
criticaron que la legislación española establece que los migrantes que
son retenidos para ser expulsados deben permanecer en instalaciones
policiales que no tengan carácter penitenciario y el centro de
Archidona, aunque aún no fue inaugurado como tal, se construyó para ser
una prisión.
Concretamente los socialistas hablaron de una "auténtica
barbaridad" y aseguraron que "vulnera derechos fundamentales".
Por
su parte, Unidos Podemos consideró el traslado una "violación de los
principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de
los CIE". La portavoz del grupo, Irene Montero, censuró que "meter a
unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es
saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno".
La Oficina del Defensor del Pueblo aseguró que está
"vigilante" ante la situación de las 497 personas trasladadas. Según
fuentes consultadas, ya comenzaron a recibir las primeras quejas sobre
este asunto, por lo que obrará como es habitual, dándoles trámite.
Desde la institución que encabeza en funciones Francisco Marugán inciden en que estarán "sobre el tema" y "vigilantes para que se garanticen los derechos de estas personas" internadas.
Por su parte, y ante la situación de "colapso", el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
defendió las "medidas extraordinarias" tomadas, ya que "no podemos
consentir que la llegada de tantas pateras nos obligue a poner a los
inmigrantes en libertad".
"Consideramos que es mucho
mejor que estén en un centro que ha dotado con las últimas tecnologías,
que está equipado con medios sanitarios, edificios de enfermería,
duchas, vestuarios, calefacción, camas, campos de deportes e incluso
salas para ver la televisión, que ponerles acampados en campamentos,
como se ha visto en otros países", advirtió, en referencia a los
sucedido en la isla italiana de Lampedusa y en la de Lesbos, cerca de
las costas griegas.
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