LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido hoy
el cese, de manera fulminante, de la secretaria General de la Consejería
de Presidencia y Fomento, Yolanda Muñoz (en la imagen), por mostrar y difundir
"información falsa", contribuir a la confusión de los ciudadanos y por
mostrar un "gravísimo desconocimiento" de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia que debe aplicarse a los afectados por la devolución de las
ayudas por los terremotos de 2011 en Lorca.
En declaraciones a un
medio de comunicación regional, Muñoz dijo ayer en relación con los
plazos de prescripción, que, "en realidad, el plazo de seis años no es
desde que se produjeron los terremotos sino desde el pago de la ayuda".
Al respecto, Martín recordó que según el artículo 33.1 de la citada Ley
de Subvenciones, "prescribirá a los cuatro años el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro".
Un plazo que
tampoco empieza a computar "desde el pago de la ayuda", como afirmó
Muñoz, sino desde "el día siguiente a aquel en que venció el plazo para
presentar la justificación [de la ayuda] por parte del beneficiario"
(art. 33.1.a).
Martín criticó duramente que la administración
autonómica mantenga en uno de sus más altos escalafones a una persona
que "manifiesta un profundo e injustificable desconocimiento de las
leyes que rigen todo el procedimiento de subvenciones autonómicas".
En
sus declaraciones, la secretaria general de la Consejería de Presidencia
y Fomento llega a asegurar que el Ayuntamiento es también responsable
de la concesión de unas ayudas que eran "autonómicas y estatales al
50%".
También afirmó que la CARM no está obligando a devolver
ninguna ayuda y que el hecho de que el procedimiento se titule "de
reintegro", o sea, de devolución, es "una simple denominación" y un
"mero trámite".
Al respecto, Martín aseguró que muchos damnificados han
recibido cartas en las que se les informa que la Comisión Mixta, en una
reunión del pasado 27 de julio, "eleva al órgano competente iniciar
expediente de reintegro", relativo a las subvenciones.
"Si eso no es un
requerimiento para la devolución de las ayudas que venga Dios y lo vea",
denunció Martín.
Una Comisión Mixta que, además, procede a
modificar la cuantía inicial de las ayudas, "más de cinco años después
del acto administrativo de referencia, que es la concesión de la
subvención".
En ese sentido, Martín explicó que si bien la
Administración tiene la facultad y competencia para revisar de oficio
sus propios actos, tiene un plazo legalmente reconocido para llevarlo a
cabo, tal y como establece la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
"La revisión de
dicho acto transcurrido el plazo legalmente establecido, resulta
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a
las leyes", aseguró.
La concejala de IU-Verdes, criticó a Muñoz
por asegurar que la CARM vela porque las subvenciones públicas "no
prescriban", cuando el propio Tribunal de Cuentas ha "tirado de las
orejas" al Gobierno regional, tras detectar "retrasos significativos
desde la detección de la irregularidad [en la justificación de las
ayudas] hasta el inicio del procedimiento de reintegro, así como demoras
desde la fecha de notificación del mismo hasta la liquidación del
reintegro".
Por último, Martín exigió a la CARM que "deje de hacer
oídos sordos" a los requerimientos del Pleno del Ayuntamiento de Lorca
para aplicar una solución "técnica y política" al proceso de
devoluciones masivas de subvenciones iniciado en Murcia.
Al respecto
recordó que el máximo órgano de representación de los lorquinos ha
instado al Gobierno autonómico en este sentido en dos ocasiones julio y
septiembre de 2017- a través de sendos acuerdos plenarios.
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