jueves, 19 de octubre de 2017

El presidente manchego García-Page pide ahora una ley que obligue a desalar agua antes de recurrir al Trasvase


TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que su gobierno intentará impulsar una iniciativa legislativa que llegue al Congreso de los Diputados para que «se termine obligando» a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería a que «antes de que puedan utilizarse las aguas superficiales de los ríos» -es decir, el trasvase Tajo-Segura- «se tenga la obligación de utilizar el agua desalada del mar». 

Así lo anunció en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en las Cortes castellano-manchegas. García-Page aseguró que, de esta manera, la normativa española tendría «cierta coherencia» con la europea.
«Estoy dispuesto a apoyar que se invierta en desaladoras. En el Levante están esperando nuevas inversiones europeas porque allí, curiosamente, ahora piden agua desalada. Antes de que una tierra seca en el centro de España tenga que pedir agua del mar, que utilicen allí el agua que tienen a un metro», subrayó. «La España seca no puede ser la España que da de beber a la otra España seca», insistió. 
En este sentido, volvió a rechazar el trasvase del Tajo al Segura y recordó que su Gobierno ha recurrido «las 23 derivaciones de agua» que se han aprobado desde que tomó posesión, y se preguntó por qué en la anterior legislatura, con María Dolores de Cospedal al frente de la Junta, «no se recurrieron los trasvases, a pesar de que los servicios jurídicos eran los mismos».
El presidente manchego adelantó que en una próxima reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volverá a poner de manifiesto «la urgencia» de contar con un pacto nacional por el agua. Emiliano García-Page urgió a ese pacto, algo que «es evidente que no tenemos» ahora. Adelantó que ya ha planteado a los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y al de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la necesidad de iniciar un diálogo en materia de agua.
García-Page denunció, además, que en la cesión de agua desde la cuenca cedente se han hecho «trampas» a Castilla-La Mancha, región a la que «se le han escamoteado 81 millones de euros» en compensaciones que la Comunidad «reclamará al Gobierno de España». 
Tras avanzar que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, explicará esta «trampa» en comisión parlamentaria, dijo que está dispuesto a guardar esos 81 millones, una vez devueltos, «a plazo fijo» para devolvérselos al Levante «cuando devuelvan a Castilla-La Mancha el agua que necesita para sus proyectos de vida, industriales y de regadío».

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