TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que su gobierno intentará impulsar una iniciativa legislativa que llegue al Congreso de los Diputados para que «se termine obligando» a Murcia, Comunidad Valenciana y Almería a que «antes de que puedan utilizarse las aguas superficiales de los ríos» -es decir, el trasvase Tajo-Segura- «se tenga la obligación de utilizar el agua desalada del mar».
Así lo anunció en su intervención en el Debate sobre
el Estado de la Región en las Cortes castellano-manchegas. García-Page
aseguró que, de esta manera, la normativa española tendría «cierta
coherencia» con la europea.
«Estoy dispuesto a apoyar que
se invierta en desaladoras. En el Levante están esperando nuevas
inversiones europeas porque allí, curiosamente, ahora piden agua
desalada. Antes de que una tierra seca en el centro de España tenga que
pedir agua del mar, que utilicen allí el agua que tienen a un metro»,
subrayó. «La España seca no puede ser la España que da de beber a la
otra España seca», insistió.
En este sentido, volvió a rechazar el
trasvase del Tajo al Segura y recordó que su Gobierno ha recurrido «las
23 derivaciones de agua» que se han aprobado desde que tomó posesión, y
se preguntó por qué en la anterior legislatura, con María Dolores de
Cospedal al frente de la Junta, «no se recurrieron los trasvases, a
pesar de que los servicios jurídicos eran los mismos».
El presidente manchego adelantó que en una próxima reunión
con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volverá a poner de
manifiesto «la urgencia» de contar con un pacto nacional por el agua.
Emiliano García-Page urgió a ese pacto, algo que «es evidente que no
tenemos» ahora. Adelantó que ya ha planteado a los presidentes de la
Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y al de la Región de Murcia, Fernando
López Miras, la necesidad de iniciar un diálogo en materia de agua.
García-Page
denunció, además, que en la cesión de agua desde la cuenca cedente se
han hecho «trampas» a Castilla-La Mancha, región a la que «se le han
escamoteado 81 millones de euros» en compensaciones que la Comunidad
«reclamará al Gobierno de España».
Tras avanzar que la consejera de
Fomento, Agustina García Élez, explicará esta «trampa» en comisión
parlamentaria, dijo que está dispuesto a guardar esos 81 millones, una
vez devueltos, «a plazo fijo» para devolvérselos al Levante «cuando
devuelvan a Castilla-La Mancha el agua que necesita para sus proyectos
de vida, industriales y de regadío».
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