MADRID.- El fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín ha criticado la estrategia del Gobierno de querer detener el 1-O
usando de escudo la justicia. Según mantiene, el derecho penal “no
puede detener el referéndum”. Y da un paso más asegurando que las
querellas presentadas por la Fiscalía “son forzadas y no se ajustan a la
legalidad”. “No es factible y es irracional intentar detener una riada
con la ley y las fuerzas de seguridad”, critica en una entrevista que hoy publica La Vanguardia.
En este sentido, también ha reconocido que no entiende cuál es el
objetivo de citar a declarar 712 alcaldes. “Si ceden locales, como mucho
estarían colaborando en un delito de desobediencia porque el de
referéndum ilegal no existe”, manifestó. Además, considera que perseguir
aquellos que quieren ceder locales para poner urnas “es una situación
que no admiten los valores de la Constitución en un país democrático”.
Por lo tanto, se muestra partidario de dejar votar porque, según apunta,
el referéndum “no tiene garantías y no será reconocido por los
organismos internacionales”. A partir de aquí, pide diálogo y que se
abra la puerta a reformar la Constitución.
Martín Pallín tiene una larga trayectoria jurídica. Ha sido fiscal y
magistrado del Tribunal Supremo y, actualmente, ejerce de abogado. Ante
el conflicto entre Catalunya y España, insiste en que la solución debe
ser la política y no la activación de todos los mecanismos judiciales
que el gobierno de Mariano Rajoy tiene al alcance.
Lo explica usando una metáfora. “Intentar parar con la ley o las
fuerzas de seguridad una riada no es factible y es irracional a quien se
le haya ocurrido”, ha valorado. Considera que el derecho penal no tiene
mecanismos para detener la votación, como tampoco el derecho
“político-constitucional”. “No podrá parar la actividad de votar, los
efectos jurídicos que se deriven ya es otra cosa”, apunta.
También considera que la vía de querellarse contra todos aquellos que
impulsen el referéndum también es un error. Es más, apunta que la
Fiscalía está abriendo investigaciones que “son forzadas y no ajustadas a
la legalidad”. En este sentido, recuerda que el TSJC ya descartó la
malversación a la querella contra los miembros de la Mesa (un delito que
incluye prisión).
Sobre la citación masiva de más de 700 alcaldes favorables al
referéndum, asegura que “no entiende” quien objetivo sigue porque, como
mucho, se les podría atribuir un delito de desobediencia “porque no hay
ningún delito” que castigue colaborar con un referéndum declarado
ilegal.
Ante este contexto, el magistrado emérito del TS apuesta por dejar
que los ciudadanos vayan a votar el 1-O ya que, según remarca, “el
referéndum no se ajusta a la legalidad autonómica, española ni
internacional”. “Se pongan como se pongan, o pase lo que pase, el
referéndum no tiene validez en el ámbito de la comunidad internacional”,
añade.
Para solucionar la situación, cree que la receta pasa por la política
y para abrir la reforma de la Constitución, que califica de
“indispensable”. “Ya sea a través del retoque de la Ley de referéndum o
de la Constitución se debe permitir votar, pero debe ser con muchas
condiciones, limitaciones y compromisos por ambas partes, que deben
sentarse a hablar”, sentencia.
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