MADRID.- La gerente del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Román Riechmann, lo describe como “una angustia total”. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, teme que “las jubilaciones masivas van a llegar en medio del déficit brutal de funcionarios que arrastramos”. El subdirector del Instituto Valenciano de Administración Pública, Javier Cuenca, cree que vamos a vivir “una época muy parecida a los años 30, un relevo generacional que viene de golpe”. recoge www.elconfidencial.com
La
preocupación se extiende por prácticamente todas las instituciones
españolas: el envejecimiento de las plantillas, unido a las bajas tasas
de reposición durante la crisis, aboca al país a una situación
complicada que se tendrá que resolver por fuerza en los próximos años.
Según una estimación elaborada por CCOO
para El Confidencial, una cuarta parte de los empleados públicos en los
estratos estatal, autonómico y municipal se jubilarán antes de una
década, dejando cerca de 700.000 puestos vacantes. Eso
sin contar la consolidación pactada de los 300.000 interinos y de los
300.000 puestos perdidos durante la crisis. Plazas que, en teoría, habrá
que sacar a concurso en convocatorias tan masivas como las de los
primeros años de la democracia española.
A finales de 2015, el gobierno vasco presentó un plan de empleo interno con datos “preocupantes”, en boca del responsable de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública, Mikel Gorriti.
“Vimos que de aquí al 2030, más del 70 por ciento de los ocupantes de
los puestos de la Administración General del País Vasco se jubilarán.
Vamos a tener que consolidar, incorporar y formar a un montón de gente
en un tiempo reducido, para una estructura que, si no se rediseña, se
concibió en el año 2000. El reto es importante porque estamos hablando
de muchas plazas que saldrán a concurso y ofertas de
empleo público para una administración que se transformará por los
procesos telemáticos y las nuevas necesidades de la ciudadanía”, dice.
La alerta adelantada por el País Vasco se ha ido extendiendo en el
último año y medio por el resto de España, sobre todo en la
Administración General del Estado y en las autonomías a las que se
transfirieron antes las competencias básicas.
“En Valencia encargamos un
plan en 2016”, dice Javier Cuenca. “El diagnóstico nos asustó bastante.
Nos dimos cuenta de que la mitad de nuestra plantilla se jubila dentro
de 10 o 15 años y que prácticamente todas las jefaturas de sección se
van a marchar de manera inminente. La salida de la crisis coincide con
la jubilación de la generación del 'baby boom' y eso nos obliga a un reclutamiento masivo. Vamos ya contrarreloj”.
A priori, la creación de miles de plazas debería suponer un
alivio en un país con un 18 por ciento de paro y donde los nacidos
después de 1980 perciben el empleo público como un privilegio de sus
padres. Pero en las instituciones el proceso no se vive precisamente con
entusiasmo. Elisa de la Nuez, abogada del Estado y gerente de la Fundación Hay Derecho, es una de las altas funcionarias que ya empieza a imaginar su retiro.
“Que
nuestra generación salga no significa que vaya a entrar una nueva”,
advierte. “Habrá que ver qué tipo de Estado queremos en el futuro: uno
como el actual, uno con menos empleados, uno distinto... Estamos en el
momento crucial, en el que esto tendremos que afrontarlo. Hay un montón
de perfiles de la Administración que ya no son necesarios, sobre todo en tareas auxiliares.
Por otro lado, entre los altos funcionarios
hay cuerpos que van a perder toda la experiencia de manera muy abrupta y
sin reemplazos a la vista. Tambén deberíamos plantearnos si conviene
reformar el proceso de oposiciones, un sistema muy objetivo y justo, que
mide mucho el conocimiento y poco otras competencias”.
Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor del blog La Mirada Institucional,
subraya que la búsqueda del personal es uno de los mayores desafíos y
urge a sindicatos y administraciones a trabajar para llegar a un acuerdo
que beneficie a la ciudadanía.
“No se puede seleccionar a personal para
el siglo XXI con un sistema desarrollado en el siglo XIX. Internet ha dejado trabajos obsoletos
y ha generado otras necesidades”, enfatiza. En su opinión, convocar
cientos de miles de plazas en pocos años nos metería en un problema. “No
van a entrar los mejores, sino los que tuvieron más suerte con su año
de nacimiento. Además es injusto para las generaciones posteriores y
anteriores. En los 80 entraron muchos en poco tiempo y la media bajó.
Había gente que claramente no estaba preparada. Y ahora puede pasar lo
mismo”.
José Luis Groba comparte la opinión y pone como ejemplo lo ocurrido en su gremio, en la Agencia Tributaria.
“En los primeros años del PSOE es cuando se decidió crear una Hacienda
moderna. Llegaron a salir hasta 300 plazas de inspector y algunas ni
siquiera se cubrían. Recuerdo convocatorias de 700 u 800 técnicos. Estos
mismos son los que ahora se jubilan, a un ritmo de unos 700 al año. ¡En
tres años perdemos 2.000 inspectores en un cuerpo de 24.000! Y las
plazas hay que cubrirlas porque hemos perdido 4.000
desde que empezó la crisis y estamos realmente bajo mínimos”. Uno de los
desafíos, argumenta, es transmitir todo el conocimiento.
“En los
escalafones más altos no hay nadie que se esté formando ahora mismo para
tomar el relevo”.
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