MADRID.- El Ministerio de Fomento ha traslado a los administradores concursales que llevan los procesos de las autopistas quebradas de Alicante y Cartagena-Vera que les detallará en septiembre qué contratos laborales y mercantiles va a suscribir tras absorber las concesiones en 2018. El compromiso se ha formalizado a través de cartas firmadas por altos cargos del departamento que dirige Íñigo de la Serna y tras el requerimiento de los jueces que llevan los concursos, según explican a El Mundo fuentes al tanto de los procesos.
Las cartas suponen un compromiso formal del Gobierno para iniciar a la vuelta del verano el rescate de todas las carreteras de peaje quebradas,
que volverán a manos públicas tras y conllevarán el pago de la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a las
propietarias. El Tribunal de Cuentas eleva el impacto de esta
indemnización a un máximo de 3.718 millones de euros, si bien advierte
de que esta cifra podría crecer por los litigios en torno a las
expropiaciones de los terrenos.
Fomento ha iniciado una
ronda de reuniones con administradores y representantes de los
trabajadores para transmitirles que el proceso se va a realizar de forma
«ordenada» y con la máxima transparencia posible. En estos encuentros
los representantes del Gobierno han garantizado que se va a conservar la práctica totalidad del empleo
para no alterar la actividad en las carreteras, en un momento en el que
el tráfico está creciendo a doble dígito en muchas de ellas. Además, el
objetivo del ministro cántabro es relicitar las concesiones en lotes en
2018, por lo cual no está prevista ninguna intromisión en la gestión
del día a día de los activos.
En todo caso, Fomento
tendrá que detallar en septiembre uno a uno qué contratos tanto
mercantiles como laborales va a absorber una vez que las autopistas
reviertan al Estado. En un primer análisis se han detectado algunas duplicidades en algunos puestos o servicios de los que se podría prescindir para intentar abaratar la factura pública.
La operación de reversión supone un saneamiento financiero de las concesiones, que arrastran una deuda de 3.400 millones de euros imposible de sostener con
los ingresos por tráfico. Las autopistas volverán a manos públicas a
través de la sociedad Seittsa y los Presupuestos Generales del Estado
tendrán que abonar la cantidad que dictaminen los jueces y
administradores concursales a modo de indemnización. Luego, el plan pasa
por volver a subastar las autopistas sin deuda en el mismo año fiscal
por un importe que, según las primeras estimaciones, podría rondar los
700 millones de euros.
Las cartas firmadas por Fomento
inician el proceso de liquidación de las ocho autopistas quebradas. Se
trata de carreteras en buen estado y prácticamente nuevas, ya que todas
las licitaciones se realizaron en los primeros años de siglo. El
objetivo en el caso de las radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y
R-5) era descongestionar el tráfico en las autovías nacionales y hacer
más fluida la entrada y salida de vehículos a la capital, en unos años
de fuerte crecimiento económico y una tasa de paro por debajo del 10%.
No
obstante, las proyecciones de circulación que justificaron las obras
resultaron estar muy lejos de la realidad, situación que se agravó con
la crisis y la disminución tanto del tráfico como de los usuarios
dispuestos a pagar peajes.
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