El PSOE exige al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de sus edificios

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia Enrique Ayuso ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad y puesta en funcionamiento de los edificios de la zona sur del Campus de Guadalupe que carecen de las mismas.

"La Concejalía de Urbanismo ha comunicado al Grupo Socialista que solo dos edificios de la zona sur tienen solicitada licencia de actividad, mientras otros diez están abiertos y sin licencia", ha indicado Ayuso.

Así, el Grupo Municipal Socialista va a presentar una petición formal al Ayuntamiento de Murcia, para que de forma inmediata, se regularice esta situación, exija al titular de la actividad, que es la Fundación San Antonio, el cumplimiento de la ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad en sus instalaciones, o se aplique la legislación en el caso de que no se esté haciendo.

En este sentido, ha recordado que la mayor parte de los 12 edificios de la zona sur del campus están construidos sin autorización municipal, sobre suelo de huerta protegido y no urbanizable, y sobre los que la Fundación San Antonio, que dirige la UCAM, ha solicitado para parte de ellos la autorización excepcional por interés público a la Comunidad Autónoma.

"Se está poniendo en un riesgo la seguridad personal, tanto de los estudiantes, como de los docentes y otros trabajadores, sin que hasta el momento la Administración haya regularizado esta situación que se prolonga desde hace años", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, ha recordado que en 2011 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma una autorización para la construcción de un aulario, que se concedió con la condición de que se retiraran las construcciones modulares que estaban puestas mientras se construía ese aulario.

Según Ivars, a fecha de hoy, esas construcciones modulares siguen estando en el mismo sitio en el que estaban, por lo que se han incumplido las condiciones por las que se autorizó la construcción de aquel aulario, "y la Administración regional no ha hecho nada al respecto".

"Queremos saber, en virtud del interés público, qué actuaciones ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de la legalidad, ya que aquella autorización está vigente al 100 por cien", ha comentado.

Además, ha indicado que había más condiciones que no se han cumplido, el 90 por ciento del suelo de las nuevas construcciones estuviera sin enlosar y respetar la distancia con los linderos de las acequias que cruzan el entorno.

El diputado socialista ha dicho que en 2016 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma la autorización excepcional por interés público para dejar sin efecto esas condiciones que se habían puesto en 2011. "Es decir, pidiendo legalizar lo ilegalizable".

"El PSOE quiere saber qué está pasando con esta autorización, hemos pedido el expediente completo, pero aun así, indicamos que, según la Ley del Suelo regional, cuando se pide una autorización excepcional, si a los 4 meses no ha habido respuesta, es desestimatoria", ha remarcado.

"No cabe más decisión de la Administración Regional que poner en marcha los mecanismos que están en su mano para que se cumplan las condiciones que se pusieron en 2011", ha añadido Ivars.

"No cabe tener a alguien en la ilegalidad, no cabe tener un edificio por el que transitan miles de estudiantes, cientos de docentes, personal de Administración y Servicios, sin licencia. Ninguna compañía de seguros ni nadie se va a hacer cargo de un edificio que no tenga licencia ni ningún papel en regla, y eso es importantísimo para la seguridad del personal", ha concluido.

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha respondido al PSOE respecto a la situación de los inmuebles de la UCAM que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que se produzca la resolución de la Comunidad Autónoma sobre la declaración de interés público de las edificaciones.
Mientras no se conozca el pronunciamiento expreso por parte de la administración regional, que es la competente en la materia, Ley de Protección Ambiental posibilita que hasta que se produzca esa resolución del expediente, no se decrete el cierre de la actividad, estando tramitándose la legalización.
Obviamente añade Navarro- la licencia de actividad es posterior a la legalización de la obra.