ALICANTE.- El Banco Sabadell lleva cinco años regularizando la red de oficinas e inmuebles propiedad de Caja Mediterráneo (CAM), la entidad que adquirió en 2011 por un euro tras un proceso de subasta y saneamiento. El motivo es que los edificios y locales que la caja alicantino-murciana tenía en la ciudad, en torno a medio centenar, no disponían de licencia o permiso de actividad.
Según ha podido saber El Mundo, la mayor parte de esta red tiene ya los papeles en orden, y actualmente se está tramitando la compatibilidad urbanística para el centro de cálculo ubicado en la Avenida de Elche, obra del emblemático arquitecto José María Buyo.
Esta situación de ilegalidad afectaba hasta al cuartel general de la CAM, la sede ubicada en Óscar Esplá número 37.
La documentación en poder de Urbanismo prueba que el inmueble contaba
con una licencia de obra (expedida en 2002) y con otra de actividad
(2006), pero eso no le bastaba para empezar a funcionar.
«Según
la legislación de la época necesitaba un permiso de apertura; para ello
tendría que haberse desplazado un técnico a hacer una inspección»,
comentan fuentes de Urbanismo. Eso, sin embargo, nunca sucedió, «ni con el resto de oficinas y edificios de la caja»
hasta que el Banco Sabadell se hizo con su control en 2011. De hecho,
el decreto por el que el consistorio autoriza la apertura de la sede de
la CAM es de octubre de 2016.
Al respecto, el concejal Pavón asegura que la situación de estos inmuebles «era bastante sospechoso».
«No sé si es que el PP miraba para otro lado con esta caja, pero no es
normal. Parecía que la CAM tenía un trato de favor por parte del
Ayuntamiento frente a otras entidades bancarias. Desconozco si se hacían excepciones por el tema de ser una caja de titularidad pública,
pero lo cierto es que existía un enorme vacío legal». Respecto al tema
de posibles sanciones, fuentes municipales explicaron que «es imposible
porque cualquier delito ha prescrito», al haber pasado más de cinco años
desde que se produjo la infracción.
No es la primera vez que en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante se lleva una sorpresa con el tema de las licencias. Como ya desveló este diario, el emblemático Hotel Spa Porta Maris, ubicado en primera línea de la playa del Postiguet, llegó a estar ocho años sin ningún tipo de licencia ambiental,
algo que salió a la luz cuando se solicitó un permiso para hacer una
ampliación. De nuevo cualquier tipo de responsabilidad había prescrito y
el área de Urbanismo se limitó a activar el protocolo para regularizar la situación del inmueble.
Por
otra parte, el área de Urbanismo confía en sacar adelante el Catálogo
de Protecciones de la ciudad durante el mes de agosto. Tanto la
Concejalía que dirige Miguel Ángel Pavón como el departamento jurídico municipal ultiman los informes que ha solicitado la concejal tránsfuga Nerea Belmonte para dar su visto bueno y evitar que más de 600 edificios de la ciudad queden desprotegidos a partir de septiembre.
De momento ya se ha solicitado la licencia para demoler uno de estos inmuebles, y el Ayuntamiento tiene dos meses para tramitarla. En caso contrario se arriesga a que la empresa lleve a la Administración local a los tribunales.
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