MURCIA.- Los concejales de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, Sergio Ramos y Nacho Tornel, han ratificado hoy, tras visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, su compromiso de trabajar por el cierre de estos espacios que "en la práctica funcionan como cárceles donde se criminaliza a las personas por su condición migratoria".
Los ediles, que se han entrevistado con el director del centro antes
de conocer las instalaciones, han explicado que en la actualidad hay 97
internos, la mayoría llegados a España en patera, para un total de 99
plazas, 39 menos de las que había en un principio y que tuvieron que ser
eliminadas porque la dirección del CIE detectó problemas de
hacinamiento.
Por tanto, "sí ha habido problemas de masificación tal y como hemos
venido denunciando durante mucho tiempo", ha asegurado Guerrero, quien
ha denunciado, además, que la atención sanitaria en el centro es
gestionada por una empresa privada y que el servicio de asesoramiento
psicológico y jurídico no está activado, aunque los internos sí que
pueden disponer de abogados de oficio.
La concejala de la formación municipalista ha informado también de
que el propio director del CIE ha reconocido la necesidad de llevar a
cabo mejoras en las instalaciones del centro, un espacio que, para
Cambiemos Murcia, "no debería existir porque, como el resto de CIE, es
un agujero negro del estado de derecho que trata a los seres humanos
como delincuentes".
Cambiemos Murcia ha podido comprobar las muestras de gratitud de los
internos hacia los trabajadores de Cruz Roja que realizan allí una labor
de intermediación con la Policía Nacional. De hecho, algunos de estos
empleados han informado a los ediles de la "actitud positiva" de las
personas privadas de libertad que se encuentran en el centro en lo que
respecta a la participación en actividades desarrolladas por esta
entidad, como clases de español.
Política migratoria de la UE
Guerrero ha insistido en que la existencia de estos centros
"únicamente puede ser explicada en un contexto de déficit democrático,
jurídico y humano que solo sirven para justificar las políticas
migratorias hipócritas de la Unión Europea" basadas en "los muros y el
control de fronteras, para nada garantistas del cumplimiento de los
Derechos Humanos".
De hecho, una última modificación en las políticas comunitarias
relacionadas con la cooperación al desarrollo permite destinar el dinero
dedicado a estas actuaciones a la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas (FRONTEX), "un ejemplo más de que la apuesta de los
gobiernos europeos se centra en reforzar los muros, en lugar de luchar
contra la desigualdad".
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