lunes, 1 de mayo de 2017

La huida de cargos obliga a Rivera a rescatar el pacto antitránsfugas


MADRID.- Una expansión exprés a nivel nacional, una vorágine de citas electorales, pactos de gobernabilidad y un cambio de ideario. Son circunstancias que han acompañado la implantación de Ciudadanos por toda España, con éxitos y logros en reformas políticas, pero también con fugas y dimisiones de cargos, publica El Mundo. 

Del total de los 1.527 concejales que logró en las elecciones municipales de 2015, en torno a 140 habrían abandonado la formación para pasar a ser no adscritos. Mantienen su cargo público, pero salieron de C's. Esta circunstancia ha llevado al partido de Albert Rivera a transmitir al Gobierno su interés en reactivar el Pacto Antitransfuguismo y participar de él.
Los próximos 5 y 6 de mayo, en Valladolid, se producirá una cita inédita en la política española: la convención nacional de concejales no adscritos de Ciudadanos. Allí se darán cita en torno a 80 cargos públicos que se dieron de baja en la formación naranja pero no entregaron su acta. 
Este goteo de salidas, que imposibilita que Ciudadanos reponga a aquellos que se marchan, ha obligado al partido a pedir al Ejecutivo la reactivación de un pacto contra el transfuguismo político cuya comisión de seguimiento no se reúne desde el 27 de diciembre de 2010.
Los concejales no adscritos de Ciudadanos son, contabilizados a mes de abril, 139. No obstante, la cifra puede ser mayor. Este dato supone una sangría del 9% de los cargos municipales, a los que según las fuentes consultadas, habría que sumar otros ocho diputados autonómicos. El mayor número de no adscritos de Ciudadanos está en Castilla y León (33), seguido de Valencia (32); Andalucía (17) y Castilla la Mancha (16), una comunidad donde esta circunstancia se ha agravado en los últimos meses.
Ciudadanos les exigió el acta, pero se negaron a entregarla. La dirección nacional se ampara en la carta ética que firmaron todos sus cargos, que recoge la exigencia de «abandonar el cargo público para el que fue elegido en listas de Cs, y los demás cargos públicos que en su caso pueda ostentar por designación de Cs, en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa».
«Pasé a no adscrito y estoy encantado. Recibí presiones para dejar el acta, pero son ellos, por ejemplo, quienes impusieron un nuevo ideario», explica Javier López, concejal no adscrito de Ames, que ahora está afiliado a Vía Centrum.
Abandonó Cs hace un año, con el cambio impuesto por la dirección del candidato de A Coruña al Congreso. Rivera llegó a referirse a él como el concejal «más díscolo». Su salida fue anterior al cambio de ideario -de socialdemócrata a liberal- impuesto en la Asamblea General. Tras él, hubo un goteo de marchas.
«En Ciudadanos no caben ni tránsfugas ni corruptos, que se vayan los que no quieran estar en este proyecto», dijo recientemente Rivera durante una visita a Castilla la Mancha, donde este problema golpea de manera especial al partido. Especialmente sonado fue el caso de Yolanda Ramírez, diputada provincial de Guadalajara con sueldo de 50.000 euros, que pasó a no adscrita y que permite que el PP gobierne esta institución.
«Vamos a luchar contra los partidos que compran tránsfugas; los votantes son dueños de nuestros cargos», señaló Rivera, para quien cuando «uno se compromete con un programa electoral y va en una lista escogido por los militantes, se compromete con ellos».
 «Para mí, los escaños y las actas de concejal, políticamente, pertenecen a los votantes y a los militantes», afirma. Pero el acta es personal, según la ley, y no pertenece al partido, por lo que la renuncia a la misma es una decisión que toma el afectado sin que la formación política pueda intervenir.
Rivera está decidido a que Ciudadanos se sume al pacto contra estas prácticas suscrito entre PSOE y PP, «precisamente para que nadie pueda sacar tajada y acabar con la corrupción». «Espero, si se celebra ese pacto, tomar medidas más contundentes para quienes quieren robarle a los ciudadanos un acta», señala.
En Cs, en cambio, no consideran casos de transfuguismo aquellos cargos que militaban en UPyD y se pasaron a sus filas (por ejemplo Ignacio Prendes o Toni Cantó), pues argumentan que para afiliarse había que dejar todo cargo público previo.
En mayo de 2015, el Gobierno ya se mostró abierto a renovar y actualizar el pacto contra el transfuguismo suscrito en 1998 para incorporar a Podemos y Ciudadanos.

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